Federico Anaya Gallardo
El 20 de agosto de 2020, Jorge G. Castañeda publicó en Nexos un artículo titulado “Los exes no están mancos” (Liga 1) comentando las acusaciones en contra de Emilio Lozoya y advirtiendo que el resto de los corruptos contraatacarían porque dudaba “que se entreguen tan fácilmente como Lozoya. Sólo que probablemente cuidarán mejor a sus familiares, porque ya saben que López Obrador opera sin cuartel. Todo se vale. Ni duda cabe.” Afirmaciones complejas, que me llevaron a una reflexión sobre la ética política de las élites en tiempos de transformación social. Gracias a la hospitalidad del inolvidable Luis Fernando Granados, pude colocar mi texto “Castañeda en Sinegallia” en El Presente del Pasado el 10 de septiembre de 2020. (Liga 2.) Año y medio más tarde, podemos ver cómo las advertencias amenazantes de Castañeda se han desarrollado puntualmente. Es claro que no sólo los “exes” (ex-presidentes), sino todas las viejas élites, tienen brazos largos y poderosos.
Vuelvo a Castañeda. En sus advertencias hay una clara denuncia a la cobardía de Lozoya, quien rompió el pacto de omertá de los neoliberales. Recordemos que en el español de México el adjetivo “fácil” se usa también para el débil o inescrupuloso que comete felonías (como traicionar). En este punto, debemos recordar que las acusaciones ventiladas por el traidor afectaron tanto a priístas como a panistas y que la entrega fácil de Lozoya afectó a todos. Por otro lado notarás, lectora, que Castañeda denunció a la salvajada del obradorismo por utilizar a la familia de Lozoya para presionarlo. No dijo nada el ex canciller de la jocunda participación de los familiares de Lozoya en las tropelías del soplón —participación que nos indica cómo la corrupción se ejerce a través de las estructuras tradicionales de la sociedad (familias, congregaciones religiosas, claustros académicos).
Finalmente, había en el texto de Castañeda una amenaza: todo se vale. Recordemos que cuando se publicó “Los exes no están mancos” acababa de circular el video de un hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en un restorán. Es obvio que seguimos en lo mismo.
Si “todo se vale”, ello significa que antes había cosas que “no se valían”. Castañeda está aquí hablando, precisamente, del pacto de omertá establecido entre las élites. Y nuestro comentócrata se dolía —de eso no cabe duda a la lectora atenta— de que se hayan traspasado los límites que establecía la “decencia de las élites”.
Debo explicar por qué hablo en plural. La transición a la democracia mexicana fue tan prolongada, y tan poco receptiva a demandas verdaderamente populares (recuérdense los 700 neocardenistas muertos luego de 1988 y la guerra de baja intensidad contra los neozapatistas desde 1994); que sus operadores gubernamentales (el viejo PRI) tuvieron oportunidad de negociar con sus opositores (en el PAN, en el PRD, en la academia y en la sociedad civil) mecanismos para extender sus privilegios de modo que se pudiesen incluir nuevos grupos compactos. A partir de los años noventa del siglo XX, de los recién llegados a la cumbre institucional, algunos se beneficiaron del muy ampliado financiamiento público a partidos políticos. Otros ingresaron a nuevas burocracias magníficamente pagadas (CNDH, IFE-INE y el resto de los organismos constitucionalmente autónomos). Unos más (acaso los más brillantes) se colocaron en las torres de marfil de Academia. Otros fueron legatarios de buenas conquistas federalistas, administrando en sus regiones los crecientes ramos federales destinados a gobiernos estaduales y municipales. Este arreglo de inclusión, sin embargo, no hizo nada contra la corrupción del viejo priismo; de hecho la generalizó. La “inflación” de salarios públicos en estados y municipios data de estos años. Para recordar al general Obregón, fue un cañoneo continuo con disparos de mucho más que cincuenta mil pesos. Y tanto la vieja como las nuevas élites compartieron no sólo los dineros públicos, sino la costumbre del silencio cómplice.
Mucho dinero y mucho silencio. La regla de la omertá del viejo régimen.
El 11 de febrero de 2022, desde Sonora, el presidente López Obrador presentó en La Mañanera un cuadro que mostraba los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola en 2021 –comparándolos con los del titular del poder ejecutivo federal. (Liga 3, minuto 1:20:00 en adelante.) Estamos aún en la tormenta causada por esas declaraciones. Alberto Nájar y Ernesto Ledesma nos invitaron el lunes pasado a David Peña y a tu servidor para analizar las aristas jurídicas del asunto (Liga 4). El tema es relevante porque, a santo de la legalidad, las viejas élites han tratado de engañarnos diciendo que el presidente ha violado la garantía constitucional a los datos personales. No hay tal cosa.
Hombres y mujeres de buena voluntad lograron, entre 2000 y 2011 establecer un régimen progresista de acceso a la información pública y protección de datos personales. Se discutió ampliamente el tema y, detalle relevante, al definir cuáles son los datos personales sensibles no se incluyó en ellos los ingresos personales. La única manera en que los ingresos personales podrían incluirse en la lista es cuando la difusión de los ingresos ponga en riesgo a la persona (artículo 3 fracción X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados). Ejemplo bobo: no se vale gritar en la calle: “—¡Ese señor lleva treinta mil pesos en el bolsillo!” porque ello podría alentar a que alguien trate de asaltarle.
Mi ejemplo bobo ayuda a entender otra dimensión del asunto. Quien escuche el imprudente anuncio de que alguien lleva treinta mil pesos en el bolsillo bien podría acercarse al señor y proponerle un negocio. La sociedad liberal capitalista requiere de información acerca de los ingresos de las personas para financiar los emprendimientos de cualquier persona. Y –si ha de haber algo de igualdad en el capitalismo– la sociedad requiere que esa información sea confiable. Recordemos aquella loca leyenda urbana chilanga, adonde una señorita se hizo pasar por Don Carlos Balmori, próspero señorón, para defraudar a incautos. Este trabajo de chismorreo sistemático e interesado lo hace una sección de la prensa, que se especializa en reportar sobre las fortunas y empresas de la élite comercial e industrial. ¿Deberíamos exigir a los fiscales que persigan a Forbes por dar a conocer los ingresos de los capitanes capitalistas?
¿Deberíamos exigir que los registros públicos de la propiedad y el comercio se cierren? Digo, porque están llenos de datos personales y son fuente de información para potenciales secuestradores. Ahora bien, en la esfera política, una sociedad liberal necesita que toda la ciudadanía esté enterada de los ingresos de sus magnates. Esa información es esencial para controlar el poder que el dinero les otorga. Por eso es que, en nuestros permanentes debates sobre derecho electoral, decidimos que los particulares NO pueden adquirir propaganda electoral y los partidos políticos y/o candidatos DEBEN informar con detalle de CUALQUIER aportación en dinero o especie. Y también por eso es que eliminamos el secreto bancario en materia electoral.
Quienes atacan al presidente López Obrador por revelar los supuestos ingresos de Loret de Mola deben recurrir, precisamente, a la institución del secreto bancario para argüir que el presidente ha violado la ley. Lo grave es que abogados de buena voluntad se santiguan y aceptan esa línea argumental. Me dice David Peña: el secreto bancario no protege a Loret, sino a Juana y a Pedro, a la gente común. Tiene razón. Los depósitos de Juana Pueblo y Pedro Pobre en el banco deben ser protegidos. Pero ¿cómo se protegen Juana y Pedro de los robber barons de la IP que reparten a diestra y siniestra millones de pesos para asegurarse que alguien afín a ellos gane una elección o que su versión de la realidad impere en el debate público?
Por eso eliminamos el secreto bancario en las elecciones. E igual deberíamos hacer en materia de medios, porque visto está que las opiniones se pueden comprar y vender. Y lo que sí está consagrado en nuestra muy liberal Constitución es el derecho a la información. El segundo párrafo del Artículo 6º Constitucional ordena que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. Toda persona. El diferencial entre los ingresos de la élite dorada del periodismo del viejo régimen frente a los de miles de reporteras y reporteros de a pie es tan sólo la punta del iceberg de la influencia indebida del capital en la prensa. Que un reportero notorio por sus mentiras pueda ganar tanto o más que el primer magistrado de la Nación es un símbolo, un foco rojo para una democracia liberal.
Alberto Nájar sugirió que los medios de comunicación deberían ser entidades de interés público. Agrego: incluso cuando hayan nacido del emprendimiento privado. Demos seguimiento a esta idea. De otro modo, en el nuevo encuentro en Sinegallia, los viejos nobles –que no están mancos– podrían ganar la partida.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://jorgegcastaneda.nexos.com.mx/los-exes-no-estan-mancos/
Liga 2:
https://elpresentedelpasado.com/2020/09/10/castaneda-en-sinegallia/
Liga 3:
https://www.youtube.com/watch?v=JSY-cLBfNVw&ab_channel=CanalCatorce
Liga 4:
https://www.youtube.com/watch?v=StNWB2v6-no&ab_channel=RompevientoTV
