Mireya Cuéllar/La Jornada Baja California
Tijuana. En diciembre de 2017, a Juan, un niño de 9 años que cursaba el 4º año de primaria en el turno vespertino de la escuela Narciso Bassols – en el fraccionamiento El Florido de esta ciudad- sus compañeros de sexto grado lo llevaron a la parte posterior de la escuela, lo obligaron a desvestirse y con un cúter intentaron cortarle el pene.
El testimonio del niño “es desgarrador”, dice la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, Melba Olvera, quien hizo públicas 3 recomendaciones al Secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, por igual número de casos que involucra a maestros, en los que menores no sólo terminaron lesionados, sino que uno de seis años murió ahorcado colgando de un árbol en una primaria del municipio de Ensenada.
En diciembre del año pasado –refirió Olvera Rodríguez-, la CEDHBC recibió una llamada del director de la escuela, con la denuncia de que Juan –un nombre ficticio porque los datos de los menores están reservados- sufría agresiones en su casa. La Comisión solicitó entonces el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF estatal. La trabajadora social del DIF lo visitó en su casa y pudo constatar que Juan tenía dificultades para caminar y cicatrices en la base del pene.
El DIF determinó que Juan fuera a un albergue temporal (alejado de su abuelita, quien se encargaba de su crianza), donde nuevos estudios certificaron que el pequeño presentaba dos heridas en la base del pene y que su testimonio indicaba que las lesiones no se las originaron en su domicilio, sino en acciones relacionadas al acoso escolar o bullying.
“La forma cómo fue violentado, por niños más grades que él, que lo obligaron a ir a la parte posterior de la escuela, lo despojaron de la ropa y lo lesionaron… él dice que tenía mucho dolor, que lo lastimaron, su testimonio es desgarrador”, apuntó la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, qué recomendó al sistema educativo estatal reparar el daño y ofrecer una beca y apoyo para el menor hasta por lo menos la educación media superior.
La recomendación también pide a la Secretaría de Educación y Bienestar Social que capacite a todo el personal del sistema educativo sobre derechos de los niños, los cuales “no son objetos” propiedad de los adultos, sino sujetos de derecho cuya dignidad debe ser respetada.
En este caso la Comisión está pidiendo también la colaboración del sistema con el Ministerio Público, y cuestionó el actuar del DIF Estatal porque aunque el niño refirió que los daños que tenía se los causaron en la escuela y la doctora adscrita al albergue donde fue remitido lo certificó, ésta última instancia interpuso una querella en contra de la abuela por los delitos de lesiones agravadas por razón de parentesco, violencia familiar y omisión de cuidados.
Así, el sistema educativo estatal y el DIF, intentaron responsabilizar a la abuelita del menor, cuando las indagaciones judiciales y las de la CNDHBC –asentadas en la recomendación- revelan que “las violaciones al interés superior de la niñez, al derecho de la educación libre de violencia, a la integridad y seguridad personal en agravio de la víctima (Juan) son atribuibles a la maestra y al director” de la escuela vespertina Narciso Bassols, dado que cuando ocurrió la agresión, el niño de 9 años acudió a ellos para denunciar lo que le hacían sus compañeros más grandes.
Los otros dos casos que involucran al sistema educativo estatal por violaciones al derecho a la vida y al interés superior de la niñez se dieron en Ensenada y Mexicali, en el primero un niño de 6 años – cursaba primero de primaria- murió ahorcado con su suéter en la primaria Anáhuac, ubicada en el fraccionamiento México, cuando en horario de clase fue llevado al patio y con otro grupo de compañeritos escalaron un árbol.
El 31 de mayo de 2018 –las notas de prensa dieron cuenta del accidente, donde la escuela ofreció a los padres activar un seguro para que les pagaran los servicios funerarios-, la directora del plantel comisionó a la maestra de educación física para que, por ausencia médica de otra, cuidará a los grupos A y B de primero de primaria.
Los dos grupos realizarían actividades en el exterior del aula, pero algunos pequeños se dirigieron a jugar a un árbol, cuando la maestra se percató uno de ellos se balanceaba con sus manos de una rama, mientras otro (también de seis años) intentaba ayudarlo a no caer empujándolo de la cintura. Al final cayó al suelo, tuvo múltiples fracturas, pero el forense determinó que antes murió asfixiado con un suéter que le rodeaba el cuello.
En Mexicali, en una secundaría, una maestra y una subdirectora que no pudieron resolver un asunto de “indisciplina” con una estudiante de 13 años, llamaron a la policía y frente a todos sus compañeros una patrulla se llevó a la adolescente ante un juez calificador adscrito a la comandancia municipal. Al día siguiente –por órdenes de la dirección- la prefectura le negó el acceso a la escuela.
En estas tres casos sujetos de recomendación, “se dejó de observar el principio constitucional del interés superior de la niñez y el artículo 4 de la Constitución, los cuales establecen la obligación del Estado de velar y cumplir el principio del interés superior de la niñez y de garantizar de manera plena sus derechos y la satisfacción de sus necesidades, incluyendo su sano desarrollo”.
