Gustavo Castillo García
A más tardar el último día de enero los gobernadores deben “presentar ante sus Congresos locales las iniciativas de reforma legislativa correspondientes para la armonización de sus marcos jurídicos” en contra de la extorsión, señalan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al publicar los acuerdos asumidos por autoridades federales y estatales en el Consejo de Seguridad Pública.
En tanto que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá “emitir un manual de operación de las fiscalías o unidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión, a más tardar el último día hábil de febrero” de 2026.
Asimismo, destaca la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación lo estipulado en el acuerdo 07/LII/2025, que establece los Lineamientos de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas “como una de las bases de datos del Sistema Nacional de Información, a fin de asegurar que esta cuente con la estructura técnica y tecnológica necesaria para su adecuado funcionamiento”.
En el acuerdo se específica que el SESNSP deberá “emitir los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación de dicha Base Nacional en un plazo máximo de 60 días naturales” a partir de mañana.
De igual manera se estable que a más tardar el último día hábil del mes de agosto el SESNSP deberá “elaborar y emitir, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres” una actualización del Modelo Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres.
Otro de los acuerdos relevantes es el referente a los mecanismos de certificación policial establecidos para elaborar la metodología de la Certificación Básica Policial, a más tardar al último día hábil de junio de 2026, “a fin de garantizar una transición ordenada del Certificado Único Policial (CUP) a una Certificación Básica Policial (CBP) alineada con la Política Nacional de Acreditación y Certificación de las Instituciones de Seguridad Pública y sus integrantes, así como de asegurar que las acciones de certificación contribuyan directamente al desarrollo y profesionalización policial”.
