David Brooks
Nueva York. El susto impera dentro de la Casa Blanca y sus aliados, y no porque sea Halloween. Veinticuatro horas después de que tres ex integrantes de la campaña presidencial de Donald Trump fueron formalmente acusados de delitos graves, todos están a la espera de quiénes serán los próximos, y si al final estará el propio presidente en esa lista.
Aunque un aparente atentado terrorista en Nueva York esta tarde podría ayudar a desviar la atención de todo esto por un tiempo, no será suficiente para descarrilar la investigación federal encabezada por Robert Mueller, el ex jefe del FBI quien goza de respeto bipartidista. Sin embargo, con el anuncio de los primeros acusados el lunes ahora la pregunta no es sólo quién sigue, sino también si Trump está contemplando despedir a Mueller y/o usar su poder ejecutivo para indultar a todos los acusados.
Por segundo día consecutivo, la Casa Blanca -junto con un amplio coro de la prensa aliada con Trump- afirmó que el anuncio de los cargos no era significante ya que no tenían nada que ver con la campaña de Trump ni su presidencia. En referencia al tercer acusado, George Papadopoulos, ex asesor de política exterior de la campaña, Trump personalmente intentó reducirlo, afirmando en un tuit “que pocas personas conocían al joven voluntario de bajo nivel George, quien ya se ha comprobado que es un mentiroso”.
Pero pocos le creen a la versión oficial de la Casa Blanca. Fuentes dentro de la Casa Blanca describen una creciente preocupación entre el equipo presidencial sobre lo que los tres acusados – uno de los cuales está cooperando activamente con la investigación- podrían compartir con Mueller que podría implicarlos en algún momento. “Las paredes se están cerrando encima” en la Casa Blanca, comentó un republicano de alto rango al Washington Post, “y todos están enloqueciendo”.
Aunque los abogados y voceros de la Casa Blanca aseguraron repetidamente de que ni el despido de Mueller ni los perdones están “sobre la mesa”, tampoco descartaron de manera absoluta el posible uso de esa autoridad presidencial. Sin embargo, legisladores de ambos partidos han advertido que un despido injustificado de Mueller detonaría una crisis. El senador Lindsey Graham declaró que tal acto tendría un costo “del infierno sagrado” en el ámbito político.
Según algunos cercanos a Trump, el presidente está cada vez más preocupado de que Mueller esté investigando sus negocios y no solo el asunto de la mano rusa en las elecciones estadunidenses, reportó Ap. Todos recuerdan que Trump declaró en una famosa entrevista con el New York Times en julio que podría contemplar correr a Mueller si este empieza a investigar sus negocios.
Algunos aliados del presidente, como su ex jefe de estrategia Stephen Bannon. están promoviendo una guerra abierta contra Mueller, incluyendo lograr que los republicanos suspendan el financiamiento de la investigación federal. A la vez, están insistiendo en que son los demócratas quienes deberían de estar bajo investigación.
Una y otra vez defensores del presidente han subrayado que las acusaciones contra Paul Manafort, el ex jefe de la campaña de Trump, y su socio Rick Gates, presentadas por el fiscal especial Mueller el lunes no hacen mención de Trump, ni de interacciones de la campaña con los rusos. Los 12 cargos incluyen lavado de dinero, declaraciones falsas, evasión de impuestos y “conspiración contra Estados Unidos” al elaborar maniobras ilícitas y actuar como agentes no registrados de intereses extranjeros.
Pero tal vez más dañino para Trump fue la revelación el lunes -que sorprendió hasta a la Casa Blanca, según algunas fuentes- de que el tercer acusado, George Papadopoulos, un asesor de política exterior de la campaña de Trump, ya había negociado un acuerdo en secreto con los investigadores federales a cambio de su cooperación.
Ahora se sabe que el “cooperante productivo”, como es caracterizado en los documentos revelados el lunes, ha estado brindando información al equipo de Mueller durante tres meses -y nadie sabe sobre qué o quién. Algunos suponen que desde que Papadopoulos fue arrestado a fines de julio hasta que concluyó su acuerdo con los investigadores el 5 de octubre, ha estado comprobando que es in informante creíble y podría haber demostrado su valor en obtener información, incluyendo posiblemente grabar a sus ex colegas.
Y una vez más se comprobó (como si fuera necesario) que en las altas esferas del poder, hay intereses más allá de la lealtad partidaria: el “business”. Otra manera de verlo es que la corrupción es bipartidista. Al presentarse los cargos formales contra Manafort y Gates el lunes, un famoso cabildero y promotor político demócrata Tony Podesta renunció como director de su propia firma de cabildeo, Grupo Podesta. Aunque su firma no es identificada en las acusaciones, resulta que es una de dos empresas que fueron contratadas por Manafort y Gates para su trabajo de cabildeo a favor de Viktor Yanukovych, el ex presidente ucraniano leal a Rusia -pero el contrato supuestamente ocultaba la identidad del cliente. El hermano de Podesta, John, fue el presidente de la campaña presidencial de Hillary Clinton.
Al mismo tiempo, no hay consenso entre los republicanos sobre cómo reaccionar ante todo esto – no hay un coro de protesta, por ahora- y por el momento algunos de los legisladores más influyentes están insistiendo en que la investigación debe proceder sin obstáculos o interferencia política (ayuda que Mueller goza de respeto bipartidista).
Algunos aparentemente no estarían descontentos con que esto proceda a lo más alto. En un discurso en la Academia Naval de Estados Unidos el lunes, el senador republicano y veterano de guerra John McCain denunció las políticas aislacionistas y nacionalistas de una “America primero”, denunció la polarización del debate nacional, y advirtió que “la tiranía siempre es una amenaza a la paz”, todo en referencia a Trump pero sin mencionar su nombre. En ese mismo sentido, declaró que “tenemos que recordarle a nuestros hijos e hijas que nos volvimos la nación más poderosa de la tierra desmantelando muros, no por construirlos”.
