Gustavo Castillo García
Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, y siete detenidos más, se encuentran detenidos en instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, donde se está a la espera de que una juez federal autorice la realización de la audiencia inicial en la que el Ministerio Público Federal formalizará las acusaciones de lavado de dinero y delitos en materia de hidrocarburos, relacionados con el contrabando de diésel y gasolina de Estados Unidos a México.
Autoridades federales informaron que durante la tarde de ayer y la madrugada de este vienes elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y de de la Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana (SSPC), realizaron seis detenciones más, entre ellas varios integrantes de la Asociación Nacional de Aduanas de México (ANAM).
El caso está relacionado con la investigación iniciada en abril de 2025 con el aseguramiento de 15 millones de litros de combustibles en carrostanque de ferrocarril de la empresa Ingemar, la cual fue ubicada como una de las siete compañías utilizadas para llevar a cabo el huachicol ferroviario.
Ayer, en operativos llevados a cabo en el municipio de Ensenada, las autoridades federales reportaron la aprehensión de Ernesto Ruffo Appel y otro accionista de Ingemar, identificado como Ricardo Thompson Navarro, y ahora ya suman ocho detenidos.
En abril de 2025 se registró el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo en patios de trenes ubicados en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, y ayer se dio a conocer el resultado del operativo realizado en Ensenada, Baja California.
Estas detenciones son resultado de una operación en contra de los llamados “contrabandistas ferroviarios”, que declaraban a las autoridades cargamentos de aditivos o aceites, y en todo caso se reportaba gasolina o diésel, en “volúmenes mucho menores a los que realmente transportaban.
La organización delictiva, según la FGR, informaba a las autoridades aduaneras que importaban productos con una carga fiscal distinta al diésel o gasolina, ocultando así millones de litros de hidrocarburos que luego eran distribuidos en gasolineras del país.
