Jorge Torres
El investigador de El Colegio de San Luis (Colsan), Francisco Javier Peña Paz, uno de los especialistas que apoyan a los habitantes de Santo Domingo y comunidades aledañas contra el confinamiento de desechos industriales de Palula, acusó que percibe una “inexplicable tardanza” de los tribunales para frenar este proyecto, pues aseguró que si la justicia federal actuara de manera rigurosa y apegada a la ley seguramente se detendría su construcción.
Señaló que los habitantes de Santo Domingo están siguiendo de manera escrupulosa el camino de la ley, pero por un lado se ve tardanza en la parte legal, a pesar de las pruebas que han presentado los quejosos, algo que, dijo, preocupa porque estas instalaciones peligrosas tienen que venir acompañadas por un cumplimiento de la ley, y este proyecto deja varios indicios de que la empresa no cumplió, ya que no informó ni consultó a la población afectada, no dio a conocer de manera pública lo que tenía que presentar sobre el proyecto, aunado a que no cumple con los documentos, pues ya han presentado pruebas de que tienen firmas falsas, y por tanto la empresa no es “digna de confianza”.
Destacó que, si bien han salido a aclarar algunas cosas ante los medios de comunicación, la realidad es que se esconde de la población, pues la primera vez que fue él a la asamblea con la población, en donde se suponía que se iba a informar sobre este confinamiento, la empresa no se presentó, por ello consideró que la población se ha unido debido a la gran molestia que causa este tiradero por las afectaciones que podría traer al entorno.
Finalmente, en cuanto a la cuestión legal, aclaró que en uno de los procesos de amparo que se metieron sí recibieron una respuesta pronta, la cual por el momento deja una suspensión provisional que provoca que por lo pronto la empresa no realice ninguna actividad vinculada con la instalación del confinamiento, lo cual es una buena noticia y por ello se tiene buenas sensaciones de que podrán evitar la construcción del tiradero de desechos tóxicos.
