Rubén Villalpando
Ciudad Juárez, Chih. Por segunda ocasión el Estado mexicano deberá rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C., en Estados Unidos, por la impunidad que prevalece históricamente en los feminicidios cometidos en Ciudad Juárez, dijo Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (Cedimac). El anterior que derivó en una sentencia fue el caso del campo algodonero, con ocho víctimas.
La activista Paula Flores Bonilla, madre de Sagrario González Flores, una joven desaparecida en 1995 se presenta hoy como testigo del caso en la ciudad estadounidense dentro de la audiencia pública 13.377 de Silvia Elena Rivera.
La causa es por la desaparición y asesinato de seis mujeres de entre seis y 20 años, víctimas de desaparición y feminicidio ocurridos entre 1995 y 2003 en la ciudad fronteriza.
Además de Paula Flores Bonilla, asisten representantes de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights y la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana.
La CIDH decidió acumular los casos de Silvia Elena Rivera Morales, Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, Cecilia Covarrubias Aguilar, María Sagrario Flores, Olga Alicia Carrillo Pérez y María Elena Chávez Caldera; desaparecidas, y asesinadas, entre 1995 y 2003.
Hasta ahora las madres de Silvia, Sagrario, Olga y María Elena dudan que los cuerpos que sepultaron correspondan a sus hijas, pues “las autoridades locales fueron en extremo omisas en los procesos de inhumación, exhumación e identificación de los cuerpos”, aseguró Paula Flores.
