Stella Calloni
Buenos Aires. Las fuertes protestas contra las presiones del gobierno del presidente, Javier Milei, para imponer nuevas normas que modifican o invalidan las leyes, se expresaron este jueves cuando estudiantes, agrupaciones ambientalistas y trabajadores se manifestaron contra la intervención del juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzettti en la apertura del XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), por lo cual se suspendió el evento en un clima tensado en extremo.
Los manifestantes consideraron que con la ley de tierras que quiere imponer este gobierno, para anular la existente que restringe la venta de tierras a los cada día más voraces capitales extranjeros, se terminará de entregar lo que queda del territorio nacional.
En este marco también se refirieron a las gravísimas consecuencias que significan los puntos claves del decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/23), que consideran debe ser anulado porque viola todas las normas jurídicas y determinan una colonización brutal de un país en pleno siglo XXI.
“¿Cómo puede venir a hablar de proteger el ambiente un juez que firmó la entrega de nuestros territorios y bienes comunes al capital extranjero?”, dijo una de las manifestantes citada por el medio digital El Destape, entre otras declaraciones de los estudiantes, que además plantearon su desacuerdo con la composición de la Corte integrada por tres magistrados, lo que está cuestionado por afamados juristas, políticos opositores y diversos sectores a nivel nacional.
Dos de estos jueces Horacio Rosatti 0000 (presidente) y Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) fueron nombrados por el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) hoy socio de Milei, lo que desató un escándalo político en su momento, ya que juraron sin haber sido aprobados por el Congreso. Lorenzetti es parte de la estructura judicial argentina, degradada como nunca antes.
La madrugada de este jueves la Cámara de Diputados se aprobó una ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada que implementa los “desalojos exprés” lo que fue propuesto por este gobierno, y que intenta agilizar los trámites para desalojos por mora en alquileres o vencimientos contractuales.
Esto lleva a nuevas situaciones complicadas en momento en que miles son desalojados en muchos casos de forma violenta por no poder pagar alquileres que son altísimos, y que se agrava además por los aumentos que ya anuncia el gobierno para noviembre próximo, lo que amenaza a millones de argentinos.
La agudización de la pobreza fue denunciada en los últimos días por la alta jerarquía de la Iglesia católica que sostiene comedores populares en todo el país.
Por otra parte nuevamente el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien recientemente comunicó a los argentinos que su país “ya está acá”, volvió a las andadas y dijo que el financiamiento de organismos que responden a Washington podría aumentar de los siete mil millones de dólares a más de veinte mil millones si los argentinos “votan bien” ratificando que “nosotros estamos apoyando a este gobierno y esa plata va a estar lista hasta 2027 y que están listos para seguir financiando más allá de octubre de 2027 (en referencia a las elecciones presidenciales en esa fecha) si Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás y si el pueblo argentino, va en el rumbo que es correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda”, en un evidente condicionamiento.
Esto sucedió en la provincia de Neuquén, durante una reunión de la Cámara de Comercio Argentina-Texas, lo que fue interpretado como un “inadmisible y abierta injerencia”.
En estos momentos están de visita en Argentina el subsecretario de Estado Christopher Landau -quien firmó el acuerdo de los siete mil millones con el canciller Pablo Quirno el 22 de septiembre pasado en Nueva York- y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, para preparar la visita del vicepresidente JD Vance, prevista para la tercera semana de noviembre.
En la agenda de Vance estaría la posibilidad de hacer el recorrido del Corredor Andes-Atlántico, que anunció a los argentinos Lamelas, y que activaría los fondos prometidos del Exim Bank, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional y el Departamento de Estado.
A esto se añade que también se está instalando ya en Buenos Aires la Unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), para “la lucha contra las redes del narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo”, después que este país fue elegido por Departamento de Estado como la base operativa, que coordinará con el llamado Escudo de las Américas.
