Emir Olivares Alonso
Amnistía Internacional (AI) documentó que desde 2018, el gobierno estadunidense “ lleva a cabo una campaña, ilegítima y discriminatoria, de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos y México”.
La oficina para las Américas del organismo internacional dio a conocer este martes el informe Salvar vidas no es delito: Hostigamiento jurídico de motivación política ejercido por Estados Unidos contra quienes defienden los derechos humanos de las personas migrantes, en el que reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia hacen cada vez más un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a activistas, profesionales de la abogacía, periodistas y personas voluntarias que prestan ayuda humanitaria de cuestionar —o simplemente documentar— las violaciones de derechos humanos que cometen de forma sistemática las autoridades de ese país contra personas migrantes y solicitantes de asilo.
