César Arellano García
Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, ex verificadora en la Agencia Nacional de Aduanas, continuará privada de la libertad, luego de que por segunda ocasión un juez federal le negó el amparo con el cual pretendía combatir el encarcelamiento. Autoridades la acusan de estar implicada en la red de contrabando de combustible o huachicol fiscal en la Secretaría de Marina, supuestamente encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna -sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Marina- procesados por el mismo delito.
Según las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) ella presuntamente recibió sobornos para permitir el ingreso de cargamentos de combustible en buques que eran falsamente declarados como otros productos con el fin de evadir impuestos.
En septiembre del año pasado, Gutiérrez Gutiérrez, junto con otros 13 integrantes de la red de corrupción, representantes de empresas aduaneras y funcionarios de Aduanas, fueron detenidos y sujetos a proceso penal por delincuencia organizada e ilícitos en materia de hidrocarburos, todo por participar en la red de corrupción que posibilitó que 32 barcos contrabandearan a México millones de litros de combustible desde Estados Unidos.
Por ello, ha promovido varios recursos de amparo para combatir su encarcelamiento, entre ellos ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de México, con residencia en Toluca, donde reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el 9 de septiembre de 2025, dictado por un juez de Control adscrito al centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez.
Sin embargo, Jorge Adrián Cruz Flores, titular del juzgado Tercero, por segunda ocasión le negó la protección de la justicia federal. La quejosa apeló el fallo para que el caso se turne ante un tribunal colegiado quien determinará si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.
Anteriormente, Anatalia Jocelyn Gutiérrez y el capitán de navío Humberto Enrique López Arellano, impugnaron la negativa de los jueces de ampararlos para que magistrados revisen por qué juzgadores federales no les concedieron el amparo con el cual pretenden salir de prisión.
