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Ciudad de México. La Asamblea Legislativa acreditará a exdiputados constituyentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que presenten los alegatos en defensa de la Constitución de la Ciudad de México.
El presidente de la Comisión de Gobierno de este órgano legislativo, Leonel Luna Estrada, confirmó que también prevén que los constituyentes sean quienes lleven a cabo las correcciones al texto constitucional.
El perredista propuso al senador Alejandro Encinas Rodríguez para que coordine esos trabajos, pues -dijo- él presidió la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente.
Además confirmó diversos encuentros con el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados; Porfirio Muñoz Ledo, encargado de la Comisión para la Reforma Política, y Encinas Rodríguez, para revisar a detalle cada uno de los recursos interpuestos ante distintas instancias.
Entrevistado luego de la cancelación de la sesión ordinaria, argumentó que los ex constituyentes son los que conocen a fondo el espíritu de la Constitución local, por ello es importante que participen en la defensa de la Constitución local.
El diputado local llamó a las fuerzas políticas a que retiren las controversias presentadas, ya que “parece que hay un doble discurso, por eso hacemos un llamado para que retiren esos recursos y sobre todo haya una situación de compromiso conjunto”.
Respecto al fallo del Tribunal Electoral de no someter a referéndum la Constitución local, recordó que desde las reformas constitucionales que derivaron de la Reforma Política de la Ciudad de México no se establecía referéndum.
“Aunque muchos estábamos de acuerdo con el referéndum, estamos hablando que el Constituyente se ciñó a la Reforma Política y a las reformas constitucionales, y lo que está haciendo el tribunal es ratificar la decisión de los diputados y sobre todo ratificar lo que establece la Reforma Política”, añadió.
Las controversias y acciones de inconstitucionalidad contra la Carta Magna capitalina fueron presentadas por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Tribunal Superior de Justicia, los partidos de Morena y Nueva Alianza, así como el Senado de la República.
