Jorge Torres
El abogado Marco Antonio Arredondo Bravo denunció que desde 2009 no se aplicado la sentencia de una demanda laboral que ganaron tres mujeres en contra de dos empresas constructoras, esto debido a una serie de artimañas de los funcionarios estatales de la entonces administración de Fernando Toranzo Fernández, pero lo más grave del tema, destacó, es que el origen de este problema es que el empresario Norberto Rayo Bueno intentó cometer feminicidio contra una de las afectadasen 2005, hechos que se denunciaron penalmente, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no resolvió a favor de la trabajadora, por lo cual jamás se detuvo al acusado.
Además, añadió, este empresario amenazó a otras tres empleadas que tenía, lo que se suma a que también hay juicios de responsabilidad contra el entonces presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Víctor Manuel Parra Beovide, actual responsable del área de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento de la capital, así como del entonces secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Miguel Cardoza Mora, actual delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quienes, según Arredondo Bravo, estuvieron frenando y dilatando esta situación.
“Estamos pidiendo la responsabilidad del gobierno del estado por las omisiones y dilaciones del presidente de las Junta de Conciliación y Arbitraje, Víctor Manuel Parra Beovide, así como del secretario del Trabajo, Miguel Cardoza Mora, y del entonces gobernador Fernando Toranzo Fernández, además de otros ex funcionarios estatales; esto se está resolviendo a través de un amparo indirecto en el juzgado tercero de distrito”, detalló el abogado, quien reclamó que se violaron los derechos de acceso a la justicia y legalidad del proceso, pues a estos ex funcionarios se les dio vista de este caso y nunca hicieron nada, pero ya salieron dos amparos de los juzgados tercero y sexto de distrito, en donde se les encuentra culpables por violar el acceso a la justicia y violación al proceso de ejecución de laudo.
Para cerrar, puntualizó que este problema ahora recae en el gobierno estatal actual, el cual debe ejecutar la sentencia de la resolución del amparo laboral, lo que significa que debe pagar a las demandantes tres millones 500 mil pesos, cantidad que dejaron crecer por los salarios caídos, pues originalmente en el laudo que salió el 10 diciembre de 2009 a favor de las demandantes fue un millón 394 mi pesos, además de que se apliquen los procesos de sanción contra los ex funcionarios, porque “el gobierno se hace omiso y sigue con su negligencia con actuaciones aberrantes en contra de la responsabilidad que se le está reclamando en contra de los ex funcionarios”.
