Ciudad de México. Tras la formalización de la salida de Gabriel Sosa como defensor del televidente que hizo público el Canal 22, diversas organizaciones cuestionaron la determinación que lesiona el derecho de las audiencia. Asimismo, censuraron que la decisión se haya amparado, según el argumento oficial, en un impedimento administrativo de contratación de nuevo personal por honorarios que mediante un oficio la Secretaría de Hacienda hizo del conocimiento de la televisora pública.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información aseveró que desde que se conoció que existía este obstáculo administrativo -que hizo público el propio Sosa hace unos días- “el Canal 22 no comprendió que las muestras públicas de apoyo y solidaridad que recibió el maestro Sosa Plata por no poder ejercer su encargo constitucional, legal y deontológico como defensor del televidente, también respaldaban a la televisora contra un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que prohíbe realizar contrataciones por honorarios.
Entrevistado sobre la decisión, el propio Sosa -quien en su momento fue defensor de las audiencias de MVS en el contexto de la salida de Carmen Aristegui de esa empresa- señaló que la determinación se adoptó a pesar de que entre septiembre y octubre fungió como defensor del televidente del Canal 22 y aún cuando ofreció que ejercería el cargo sin recibir remuneración hasta en tanto no se encontrara una solución administrativo al comunicado de Hacienda.
Sosa fue designado por la Comisión Honoraria del Comité de Autorregulación Ética del Canal 22 el 19 de agosto por el periodo 2016-2017, según se establece en el oficio del director Ernesto Velázquez. Sin embargo, en esta ocasión mantuvo en vilo al defensor del televidente de Canal 22 y sin poder realizar sus funciones desde que fue designado oficialmente el 19 de agosto y hasta su “destitución”.
Explicó que realizó el desahogo de algunas quejas del televidente en un primer paquete pero posteriormente la dirección del canal le pidió detener el procesamiento de las mismas, en virtud del señalamiento administrativo que realizara Hacienda.
Tras señalar que no percibía otra intencionalidad más allá de una disposición de Hacienda, sólo lamentó que Canal 22 no hubiera realizado esfuerzos para buscar otra salida administrativa y cumplir con la obligación legal de contar con un defensor del televidente, que es una obligación legal que debe acatar, en especial, los medios públicos.
