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Más de la mitad de las personas con casos de deportación pendientes en los tribunales de inmigración de Estados Unidos carecen de representación legal, una situación que las deja en mayor desventaja ante el endurecimiento de la política migratoria durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
De acuerdo con un análisis del Vera Institute of Justice citado por The Associated Press, de los aproximadamente 3.2 millones de casos de deportación pendientes en los tribunales de inmigración, 52 por ciento corresponde a personas sin abogado. A diferencia de los tribunales penales, en los procesos migratorios no existe el derecho garantizado a contar con representación legal.
La falta de asistencia resulta especialmente relevante ante el incremento de las deportaciones y los cambios en el funcionamiento de los tribunales, donde se han registrado arrestos de inmigrantes en los pasillos después de sus audiencias, audiencias colectivas con decenas de personas y plazos más cortos para comparecer, lo que ha provocado que algunos pierdan sus citas.
Los datos muestran además una marcada diferencia en los resultados. Un estudio del Congressional Research Service de 2024 encontró que sólo 19 por ciento de las personas sin abogado obtuvo asilo u otra vía para permanecer en Estados Unidos, frente a 47 por ciento de quienes sí contaron con representación.
En Sacramento, California, la abogada Kamalpreet Chohan coordina el programa “Abogado del Día”, que lleva voluntarios a los tribunales para orientar a inmigrantes que no pueden pagar un defensor. Durante una jornada de audiencias, revisó una lista de 57 personas y constató que ninguna contaba con representación.
Chohan señaló que las organizaciones que ofrecen asistencia gratuita enfrentan largas listas de espera y que en muchas regiones no existen suficientes abogados especializados. El programa ayuda a los inmigrantes a preparar solicitudes de asilo, revisar documentos y comprender los procedimientos que deberán seguir ante los jueces.
La abogada también advirtió sobre los casos de personas que han sido estafadas por supuestos abogados que cobran miles de dólares sin realizar gestiones para sus clientes. Uno de los inmigrantes entrevistados por AP, procedente de Guatemala, afirmó que pagó 4 mil 500 dólares por servicios que nunca recibió y ahora enfrenta la posibilidad de ser deportado.
Chohan sostuvo que los procedimientos y formularios suelen explicarse durante las audiencias, pero el ritmo de los tribunales y las dificultades de traducción hacen que muchos inmigrantes no comprendan plenamente lo que ocurre. “Muchas veces, cuando entran a la corte, simplemente están contentos de que ya salieron del tribunal y de que no los están arrestando”, relató.
