Vicente Juárez, corresponsal
San Luis Potosí, SLP. Más de cien familias indígenas obtuvieron un amparo restitutorio, luego de que el 9 de junio fueron desalojadas de manera violenta del predio La Peña, en Tampamolón Corona, donde han vivido y trabajado desde hace 30 años.
En julio, tribunales federales les otorgan la protección jurídica de manera provisional en el Recurso de Queja 195/2026 con efectos restitutorios, lo que obliga a que las familias recuperen la posesión del predio en el estado en que se encontraba antes del desalojo, en tanto se analiza el fondo del litigio.
El día en que los pobladores fueron expulsados del terreno de 200 hectáreas, fue con uso desmedido de la fuerza pública, dicho predio se ubica a 200 metros de la cabecera municipal de Tampamolón de Corona en la zona de la Huasteca del estado de San Luis Potosí.
Pedro González Gómez, secretario del comité estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), en San Luis Potosí, comentó a La Jornada el origen del terreno: “La Peña era parte de ranchos en los que trabajaban indígenas desde el inicio de los años ochenta”.
A finales de esa década, los dueños pidieron 300 mil pesos prestados a un banco y como no lo pudieron pagar, Bancomer inició un juicio mercantil en su contra y se quedó con el terreno. Los trabajadores se quedaron a vivir y a trabajar en el predio, pues los propietarios no los indemnizaron.
Durante 30 años, ni autoridades federales, estatales o municipales han logrado una solución definitiva y pacífica, conforme a derecho y con respeto a los Derechos Humanos de los indígenas, Tének.
El líder explicó que de esos años “todavía viven algunas personas, pero otras ya fallecieron, sin recibir liquidación, sin pago, ni jubilación ni nada que se le parezca.”
Después de los noventas la gente de La Peña inició trámites legales y solicitaron que les entregaran esos terrenos a su nombre, como ejido, pero en 1992 quedaron sin efectos las gestiones por la nueva reforma al artículo 27 constitucional que el salinato modificó el capítulo del ejido.
González Gómez precisó que “después de ocho años, en el año 2000, empezamos a asesorarlos, todos los ocupantes tenían más de 10 años en posesión, pacífica, buscamos la regularización apoyándonos en el Acuerdo Nacional para el Campo a través de la Reforma Agraria; que establecía, donde hubiera conflictos y terrenos con posesiones irregulares, pueden ser regularizados a nombre de los grupos que estaban en posesión, desafortunadamente, ya no se pudo avanzar, pues nos pidieron que fuera un ejido el solicitante de la regularización, pero los compañeros indígenas no lograron este trámite, por la falta de tiempo para tener una asesoría adecuada, con la reforma ya no había creación de nuevos ejidos”, detalló.
“No obstante, funcionarios de la Reforma Agraria, con acuerdos por escrito les prometieron, los alentaron a seguir con los trámites, y eso fue tiempo perdido de vueltas y vueltas a México a San Luis Potosí y nada se pudo concretar”, comentó.
El secretario manifestó que “todavía la última ocasión hace 10 años funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, vinieron y valoraron La Peña, pero les querían pagar muy poco, no se pudo llegar a un acuerdo sobre todo con los compañeros que son adultos mayores y que han trabajado las tierras por más de 30 años.”
Aclaró que todos los trámites para regularizar las 200 hectáreas de La Peña, se han realizado de forma institucional, hasta el 9 de junio pasado, cuando fueron desalojados violentamente por autoridades policiacas, donde detuvieron a seis personas incluida una mujer, que fueron liberados dos días después por falta de sustento y por la presión de la CIOAC.
Enfatizó que “la lucha sigue hasta recuperar la posesión del predio a favor de cien familias de indígenas Tének, la ubicación de La Peña, ha despertado en los últimos años una fuerte ambición comercial y el interés de supuestos propietarios por impulsar desarrollos urbanos privados a costa del despojo comunitario.”
“Las 100 familias de origen indígena Tének se asentaron en la extensión de 200 hectáreas, habitando, trabajando y resguardando las tierras de manera continua, pública y pacífica. Jurídicamente, este arraigo prolongado ya constituye los elementos necesarios para invocar la figura legal de la prescripción positiva”, aseveró.
Puntualizó que el caso se mantenía bajo el escrutinio de la Secretaría General de Gobierno del Estado mediante mesas de diálogo, e incluso el expediente ya había sido canalizado a nivel federal a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Procuraduría Agraria y la propia Presidencia de la República por la vía de organizaciones como la CIOAC.
Sin embargo, “el reciente desalojo mediante un operativo violento y las detenciones hicieron a un lado las vías del diálogo y violando los compromisos políticos pactados.”
Por último, Pedro González Gómez exigió a los gobiernos de los tres niveles que “cumplan su palabra establecida en los documentos desde hace más de 20 años, no importa quién esté de funcionario. Las instituciones deben respetar los acuerdos que han tomado y deben de responder porque la omisión en este caso, desde no cumplir, también es complicidad y eso pues es un delito que no debe tener impunidad”.
“Las autoridades no entienden de que los pueblos originarios tienen derechos específicos por ser dueños de las tierras ahí nacieron ahí crecieron ahí murieron sus abuelas y sus abuelos”, dijo.
