César Arellano García e Iván Evair Saldaña
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla dictó auto de vinculación a proceso en contra de Amador Hipólito Ruperto y Carolina Berenice Campos Rodríguez, servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), por el delito de cohecho agravado, y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a proceso a estas personas por posiblemente haber solicitado dinero a tres adolescentes a cambio de agilizar su retorno a su país de origen. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021, en un albergue provisional en Puebla de Zaragoza, donde se encontraban las víctimas por contar con situación migratoria irregular.
De acuerdo con la investigación de la FGR, los imputados, luego de solicitarles dinero, les advirtieron que si no pagaban se quedarían más tiempo en México.
Por lo anterior, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), reunió los datos de prueba y solicitó audiencia inicial para formular imputación en contra de ambas servidoras públicas. Por ello, la impartidora de justicia los vinculó a proceso.
La FGR agregó que, ante la vulneración de los derechos de quienes migran, a través de la FEMDH y la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas (FEIDPMR), actúa con rigor frente a cualquier probable responsable.
