Alfredo Valadez Rodríguez
Zacatecas, Zac. La Fiscalía General del Estado de Zacatecas, a través del ministerio público, ha retardado y obstruido ilegalmente durante más de tres meses la procuración de justicia en el caso de los siete jóvenes activistas del partido Morena, quienes el pasado mes de junio fueron víctimas de una agresión a balazos por parte del empresario y político local Salvador Llamas Urbina, ex candidato a diputado local por el PVEM.
Así lo denunció en conferencia de prensa el abogado Iván Arturo Casas Figueroa, representante legal de Jaime Ruiz Ramírez, uno de los siete muchachos, quien la madrugada del 28 de junio sufrió un golpe contuso en la cabeza con la cacha de una pistola que, se asegura, le propinó Salvador Llamas Urbina, y cuya lesión requirió atención hospitalaria.
Aquella ocasión, militantes de Morena y del PVEM se encontraron en una taquería ubicada en la colonia Sierra de Álica, luego de concurrir a sus distintos cierres de campaña. Ambos grupos, de aproximadamente 20 personas en total, se confrontaron verbalmente entre sí, en un principio, pasando después a las agresiones físicas.
Todo concluyó, de acuerdo con las declaraciones vertidas ante el ministerio público, cuando Llamas Urbina sacó una pistola calibre .40 milímetros y la accionó varias veces contra el suelo, y golpeó con la cacha del arma a uno de los jóvenes y apuntó directo a la cabeza de otro.
Derivado de eso, los jóvenes agredidos interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, por la que se inició la carpeta de investigación con número 30/2018-II/HDSAD, contra Salvador Llamas Urbina, que en un lapso de dos años ha militado y buscado acceder a cargos de elección popular por los partidos Movimiento Ciudadano, la coalición PRD-PAN y el PVEM.
Tres meses después de iniciada, y al ver que la investigación “no caminaba”, las víctimas de la agresión y sus abogados solicitaron una audiencia con un juez de control de procesos, para que revisara el asunto.
Así el 5 de septiembre de 2018, la juez María Guadalupe Rodríguez Muñoz determinó hacer “una prevención” al agente del ministerio público, al advertir que éste “incurrió en ciertas omisiones, falta de profesionalismo y exhaustividad”.
“Esto ha impedido que la propia víctima pueda tener acceso a la justicia, de manera pronta, gratuita e imparcial de acuerdo al artículo 109 fracción novena del código nacional de procedimientos penales”.
La juez de control también apercibió al ministerio público por no haber conseguido las grabaciones de video del circuito de seguridad de la propia taquería, así como de negocios alternos (exactamente enfrente hay una tienda de conveniencia Oxxo y el acceso a una privada con cámaras de seguridad), que son importantes para la determinación de responsabilidades del caso.
Paradójicamente los abogados de los jóvenes agredidos sí lograron obtener algunos videos que aportaron al ministerio público, ya que éste había argumentado que la policía ministerial había acudido al lugar de los hechos y no había localizado ninguna cámara de videograbación, lo que es falso.
“El agente del ministerio público no ordenó, una vez que tuvo información por parte del cuerpo de la policía ministerial, ordenar los medios de apremio a que lo faculta el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales e incluso se está llegando al grado tal de obstaculizar la misma investigación”, advirtió también la juez de control.
Finalmente, la juez de control también apercibió al agente del ministerio público por no haber dado parte de los hechos a la Procuraduría General de la República (PGR), “respecto de una portación de arma de fuego”, dándole 30 días para que “diera vista” a la dependencia federal del caso.
De acuerdo con los abogados de las víctimas de la agresión, el ministerio público ha omitido dar vista a la PGR del caso —y tiene hasta el 5 de octubre próximo para hacerlo—, porque ello podría derivar además en la imputación de un delito de carácter federal cometido por Salvador Llamas Urbina.
Por lo anterior, además, este lunes Jaime Ruiz Ramírez presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas una queja “por violación a mis derechos humanos y en contra del agente del Ministerio Público Especial para Homicidios Dolosos, Secuestros y Asociación Delictuosa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas”, “por no ordenar la correcta integración de la carpeta de investigación 30/2018-II/HDSAD, a su cargo, al haber incurrido en diversas irregularidades y omisiones, que han generado un daño irreparable para el suscrito, pues con su proceder se ha concedido una ventaja indebida a los imputados dentro de la investigación antes citada, retardando y entorpeciendo maliciosamente la debida procuración de justicia”.
