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Ciudad de Guatemala. La Fiscalía de Guatemala informó hoy que se han tomado las primeras medidas legales contra funcionarios por la muerte de 39 menores en un incendio el pasado miércoles en un hogar refugio, mientras que en la capital del país se llevaron a cabo nuevas protestas para reclamar justicia.
“Se han hecho requerimientos de arraigo (prohibición para salir del país), como parte de las medidas precautorias que exige la investigación, que se cumple a doble marcha”, dijo el secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), Rottman Pérez, informó este domingo el diario Prensa Libre.
Uno de los funcionarios sobre los que la Fiscalía solicitó aseguramiento de presencia en el país ante los jueces es Carlos Rodas, secretario presidencial de Bienestar Social, ente bajo cuyo control funciona el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde ocurrió la tragedia.
Rodas, quien al principio dijo que no tenía intención de renunciar por considerar no tener responsabilidad, ya presentó su dimisión al presidente Jimmy Morales, quien la aceptó y le pidió permanecer disponible a la investigación.
La Fiscalía no dio los nombres de otros funcionarios contra quienes se pidió igual tipo de medidas.
Un total de 19 menores entre 14 y 17 años, todas mujeres, murieron en el lugar aparentemente cuando protestaron quemando colchonetas dentro de un aula en las que fueron encerradas un día después de haber participado en una fuga masiva.
En una entrevista con la cadena CNN en español la noche del viernes, el presidente Jimmy Morales reconoció que las menores permanecían en dicha sala bajo llave.
Otras 20 de ellas murieron en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, hasta el día de hoy, aunque aún hay varias en estado delicado, han informado las autoridades de ambos nosocomios.
El sábado prosiguieron las protestas en demanda de justicia ante lo ocurrido, cuando cientos de manifestantes se congregaron frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del Ejecutivo.
Activistas y estudiantes que participan en las protestas dijeron que seguirán manifestándose para que las muertes no queden impunes.
Morales convocó a los otros poderes de Estado para asumir un compromiso por reformas en el sistema de atención a la niñez desprotegida e institucionalizada, cuya necesidad calificó como “claras y urgentes”.
El mandatario reconoce que la tragedia es una “responsabilidad de Estado”, aunque descartó que se trate de un “crimen de Estado”.
En tanto, cuatro niñas supervivientes del incendio fueron trasladadas la noche del sábado a un hospital especializado en Estados Unidos, de la organización internacional Shriners de Galveston, Texas.
Las cuatro víctimas, en estado crítico, viajaron en tres aviones de bandera mexicana que despegaron casi de manera simultánea alrededor de la medianoche. Las aeronaves fueron alquiladas gracias a los aportes de empresarios, informó el Gobierno.
La primera dama de Guatemala, Patricia de Morales, acudió a la pista del aeropuerto internacional La Aurora para despedir a las menores, quienes debieron ser trasladadas de los hospitales donde permanecían hacia el aeropuerto bajo extremos cuidados.
La partida fue acompañada también por delegados del Defensor del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación (PGN), así como de otras instituciones del Estado a cargo de velar por la niñez.
La embajada de Estados Unidos les facilitó el permiso para ingresar a ese país por razones humanitarias.
