Jesús Aranda
Ciudad de México. Los miembros de las fuerzas armadas son y deben seguir siendo baluarte y símbolo de profesionalismo, dignidad, servicio y respeto a la ley; de ahí la importancia de que las eventuales violaciones a los derechos humanos en que incurran, deben ser “oportuna y debidamente sancionadas e investigadas”, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien agregó que “la conducta de aquéllos servidores públicos que se apartan del debido cumplimiento de su deber y de la observancia de la ley no deber mermar la credibilidad ni poner en entredicho a instituciones enteras”.
Al hablar en la “Ceremonia de entrega de la cartilla de derechos humanos al personal naval” en la sede de la Secretaría de Marina (Semar), González Pérez dijo que las tareas de combate a la inseguridad y al crimen organizado “no son incompatibles con el respeto a los derechos humanos”. La observancia de las garantías de los ciudadanos “no son ni pueden ser vistas como un recurso o vía para la ilegalidad”.
Ante los altos mandos de la Semar y funcionarios de la CNDH, el titular de la Comisión exhortó a la Semar para que siga reforzando entre todo su personal una cultura de protección de los derechos humanos. En esta labor, dijo al almirante secretario Vidal Francisco Soberón Sanz, la CNDH “es una instancia aliada que, a través de ejercicio como éstos y en pleno respeto a las autonomías y competencias, se compromete y colabora para prevenir las violaciones a los derechos humanos”.
Resulta equívoco el argumento que defiende la inevitable restricción de los derechos humanos con el propósito de recuperar y mantener la seguridad, al contrario, aseveró González Pérez quien recordó que la obligación del Estado es la garantizar condiciones de seguridad que hagan posible el libre ejercicio de los derechos.
Un entorno caracterizado por violencia, delincuencia e impunidad constituye una amenaza que pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos, indicó el presidente de la CNDH, quien precisó que la reforma constitucional en la materia (2011), estableció que toda la actividad estatal debe ser analizada y orientada bajo un enfoque de estricto apego a los derechos de las personas.
Lamentablemente, reconoció, en algunos espacios se ha posicionado el falso dilema “seguridad vs derechos humanos”, por lo que es necesario recordar que la seguridad de las personas en si mismo un derecho humano. Por lo que, resulta equívoco el argumento que defiende la inevitable restricción de los derechos humanos con el propósito de mantener la seguridad.
La CNDH reconoce el esfuerzo y el trabajo realizado por la Semar en su labor coadyuvante de la autoridad civil dentro de las tareas de seguridad y combate al crimen organizado, dijo y añadió las obligaciones impuestas por los derechos humanos “deben ser cumplidas cabalmente, en razón a que el respeto y la protección a los mismos no admiten zonas borrosas ni de opacidad”.
Se debe tener muy claro que la búsqueda de mejores condiciones de vida para la sociedad debe de ir aparejada con el reconocimiento y respeto de los derechos humanos.
La importancia y pertinencia de la cartilla de derechos humanos para el personal naval, sostuvo González Pérez, se pone de manifiesto tomando en consideración el número de quejas que se presentan en la institución naval, así como el número de recomendaciones emitidas a la Semar.
Además, la reciente reforma legal, del 19 de mayo pasado, que regresó a la jurisdicción de la Semar el control de los puertos nacionales y el fortalecimiento de su papel de mantener el Estado de derecho en el mar, destaca la relevancia de que se conozca y difunda la cartilla, dijo.
Explicó que el contenido de la cartilla, elaborada de manera conjunta por ambas instituciones, comprende temas esenciales como las obligaciones que derivan de los derechos humanos, el concepto de lo que implica su violación y las consecuencias que se desprenden de un acto violatorio. “Tópicos que todo el personal de Marina necesita conocer, de manera especial, aquéllos miembros que participan en operativos de combate a la delincuencia”.
Dijo que la redacción de la cartilla está pensada con un lenguaje “ciudadano e incluyente, pero sin descuidar el rigor jurídico. Era fundamental que toda persona que reciba la cartilla y sin importar su formación o nivel de instrucción, entienda, comprenda, asimile o interiorice su contenido.
