Angélica Campillo
Personal de la funeraria que está siendo investigada por la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí por presunta usurpación de funciones, denunció haber sido víctima de fabricación de un delito por parte de un particular.
El abogado de la funeraria Atabey, Eduardo Pérez Faz, refirió que el pasado domingo 6 de agosto, una persona contrató los servicios de la empresa propiedad de su cliente, por lo que acudieron al domicilio a levantar el cuerpo del occiso, sin embargo no fueron los primeros respondientes, ya que tuvo conocimiento que fue personal de la Cruz Roja quien arribó al lugar y determinó que la persona ya no contaba con signos vitales.
Señaló que, anteriormente, ya había inconformidad por ciertas funerarias, mismas que le ofrecieron a la hija del occiso el servicio gratuito a cambio de denunciar a la empresa de su cliente: “las circunstancias que ellos plasman en la denuncia, las ignoro totalmente, pero por lo que dijo el subprocurador en una conferencia, se supone que es una usurpación de funciones, en la cual dicen que personal de la funeraria se hizo pasar por elementos de la Procuraduría para robarse el cadáver, situación que es completamente falsa, ya que ni siquiera fuimos nosotros los primeros respondientes”, subrayó.
Manifestó que, posteriormente, la empresa de su representada procedió a retirar el cuerpo del occiso y la familia se trasladó a la funeraria, donde se llevó a cabo la firma de los contratos y de los documentos necesarios para proceder con la autorización y el embalsamamiento.
De la misma forma, puntualizó que el nuevo Sistema de Justicia Penal obliga a la Procuraduría a hacer el levantamiento del indicio, y en este caso en particular era derivado de una enfermedad crónica, del cual no se tiene todavía la certeza, pero al parecer ya tenía cuatro o cinco años con un padecimiento de insuficiencia renal, y aparentemente se puede decir que es muerte natural: “si se cuenta con un certificado médico, aunque fuera de un particular, como se tiene un expediente, se podría tener la facilidad de con ese certificado elaborar los trámites o iniciar los trámites correspondientes para levantar el servicio”, apuntó.
Por su parte, Arturo Piña, representante legal de la funeraria, narró que cuando se encontraban preparando el cuerpo, recibió una llamada de la hija del occiso, indicándole que afuera de su domicilio se encontraba personal de otra funeraria que le argumentaba que el procedimiento de levantamiento que había realizado su empresa había sido incorrecto, por lo que tendría que acudir a la Procuraduría a levantar una denuncia.
“Le dije que no se preocupara, pero cuando llegué al domicilio ya no se encontraba la familia. Posteriormente me traslado al edificio de seguridad para ver qué estaba pasando y me topo con alrededor de 25 personas entre familiares, representantes de otras funerarias, abogados, y cuando llegué ya le estaban tomando la declaración, y lo demás lo desconozco”, argumentó.
Ambos afirmaron contar con los documentos pertinentes para comprobar que no actuaron de mala manera, y conforme avance la investigación irán mostrando las pruebas para que los amparan.
