Jaime Nava
El Congreso del Estado deberá revisar y, en su caso, aprobar las cuentas públicas de 112 entes auditables entre los que se encuentra el ayuntamiento de la capital. Los diputados deberán pronunciarse hoy sobre la validez del informe final que la auditoría realizó de los recursos ejercidos por lo que va de la administración de Ricardo Gallardo Juárez. Informe que La Jornada San Luis reveló, con evidencia documental, fue modificado a petición de un grupo de diputados para que se eliminaran observaciones que habrían estado relacionadas a la compra de medicamentos para personal de confianza que el ayuntamiento realizó a una enigmática proveedora de nombre Sandra Sánchez Ruiz.
En ese contexto, el grupo de ciudadanos que hace unas semanas acudieron al ayuntamiento para exigirle por escrito al presidente municipal que aclarara dicha compra de medicamentos firmó e hizo público un “llamado a los potosinos”, esta vez signado por más de 200 personas, nuevamente encabezadas por Concepción Calvillo de Nava. Por medio de ese desplegado aseguraron que el ayuntamiento de Ricardo Gallardo Juárez es una muestra de “cinismo que actúa en la oscuridad, pues de entrada se niega a la transparencia y oculta sus declaraciones 3de3 a pesar de que la ley lo obliga a su difusión”.
Citaron como ejemplos de sus afirmaciones la compra, calificada por ellos como “inexplicada”, de medicamentos por 34.7 millones de pesos que el ayuntamiento hizo a una proveedora de nombre Sandra Sánchez Ruiz, la que además, sostuvieron, se realizó “con la complicidad de la Auditoría Superior del Estado”. Razón por la cual recordaron que se promovió un juicio político en contra del auditor y manifestaron que los diputados “están obligados a reprobar los informes finales de auditoría así como remover de su puesto a José de Jesús Martínez Loredo”, de quien dijeron ha demostrado su vocación de encubridor.
Asimismo, acusaron a la administración municipal de “extorsionar” a comerciantes ambulantes, de asignar obras sin licitación, así como el favoritismo en su asignación a un grupo reducido de empresas. Aseguraron que la complicidad entre autoridades y órganos fiscalizadores ha servido para generar la impunidad que ha protegido a personajes como Marcelo de los Santos, Victoria Labastida, Fernando Toranzo y Mario García Valdez.
Hicieron un llamado “urgente” a romper esa dinámica para evitar consecuencias aún más graves que el clima de impunidad e inseguridad que ya se viven en nuestra ciudad.
Ataque de “grupos políticos bien definidos”: Gallardo
Por su parte, el alcalde de la capital respondió a los señalamientos vía un desplegado en el cual aseguró que los órganos de fiscalización “no han encontrado anomalías que perseguir”. Gallardo Juárez manifestó que las acusaciones provienen de “grupos políticos bien definidos” y pidió que se respete a la Auditoría Superior del Estado.
“Acusar sin pruebas, enjuiciar sin esperar los resultados de los órganos competentes, erigirse en jurados populares para hacer juicios mediáticos, no es propio de una sociedad democrática que respete las instituciones, sino más bien muestras claras de intolerancia y dogmatismo”, escribió el edil.
Igualmente aseveró que en la compra de medicamentos la ASE no realizó ninguna observación; no obstante señaló que de encontrarse se asumirían “a plenitud” las observaciones o recomendaciones que se hicieran. Gallardo Juárez calificó de “absurdas” las acusaciones en contra de su administración por extorsiones que grupos de comerciantes hicieron públicas.
Se defendió de los señalamientos vertidos por ciudadanos y grupos empresariales en el sentido de que no se han realizado las licitaciones debidas aduciendo que se han generado “dentro de los parámetros legales”. También aseguró que el problema de la inseguridad en la capital “empezó hace años” e indicó que se notó un incremento durante las administraciones estatales de Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo Fernández; además, dijo que se trata de un problema que requiere la cooperación de las autoridades estatales y federales.
Finalmente, dijo considerar “con madurez” las opiniones críticas incluyendo las que provienen de “voces airadas” que se manifiestan contra su gobierno municipal, al cual calificó de “popular y democrático”.
