En rueda de prensa la plataforma política ciudadana Ganemos, anunció que presentará una iniciativa para que se pueda revocar el mandato popular a partir de un voto directo, con lo que la gente pueda decidir cuándo un funcionario debe dejar su puesto, lo que se aplicaría concretamente al gobernador del estado, alcaldes y diputados.

Asimismo, explicó que, con la intención de fomentar la participación ciudadana, se llevará a cabo una consulta popular con la intención de recabar por lo menos 10 mil firmas que respalden esta propuesta, ya que, aunque en San Luis Potosí no está legislado el tema de la recolección de firmas y por tanto estas no aportan un respaldo jurídico, sí lo hacen de forma moral. La consulta iniciará este mismo jueves y concluirá aproximadamente a finales de agosto.

Aclaró que en San Luis Potosí ya está contemplada la revocación del cargo a funcionarios, no obstante compete exclusivamente al Poder Legislativo, por lo que se pretende que esta decisión recaiga en los mismos votantes.

Destacó que a nivel internacional e incluso en algunos estados de México la ciudadanía ya puede remover a algún funcionario de manera anticipada, pero debe hacerse por medio de una prerrogativa, y lo que diferencia esta propuesta es que no tendría que haber causal de por medio, ya que para esto se requiere primero llevar a cabo un proceso penal, el cual, advirtió Ganemos, es muy poco probable que dé resultados en una entidad como la nuestra pues calificó como muy poco probable que, por ejemplo, el procurador del estado realice una investigación eficiente en contra del gobernador.

Argumentó que lo que se busca es evitar que se vuela a tener un Mario García, una Victoria Labastida, un Marcelo de los Santos, o que incluso se llegue a tener un Duarte, por lo cual esta reforma funcionaría como un medio de control de los funcionarios e incluso como mecanismo de presión para que realicen bien sus labores.

Recordó que anteriormente se había propuesto una iniciativa en la que se incluía esta figura, sin embargo el Congreso del Estado “empantanó” el caminó y finalmente no se resolvió nada en este sentido.

Cuestionado acerca de si esto no se prestaría a cuestiones meramente políticas, Ganemos explicó que, por ello, para iniciar un proceso de revocación, se está pidiendo que al menos 10 por ciento de los votantes que participaron en la elección del funcionario señalado firmen una petición en este sentido, y todo esto estaría regulado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación ciudadana. Detalló que para promover una remoción se debería esperar al primer tercio de funciones de los servidores, y deberá darse al menos 120 días hábiles antes de un proceso electoral.

Para que se dé la revocación, la solicitud deberá tener el mismo porcentaje de votos, más uno, que pusieron a determinado servidor en algún puesto de elección popular.

Finalmente, señaló que se instalarán módulos informativos y se repartirán folletos con la intención de que la gente conozca la propuesta, además de que se estará informando a través de la página de la página de Ganemos y de sus redes sociales. La iniciativa consta de 25 artículos, pero para la reforma constitucional se está solicitando que se agregue al artículo 26, que habla de las prerrogativas ciudadanas, que los propios votantes tengan el poder de definir cuánto tiempo dura algún servidor público en su puesto de acuerdo a su desempeño en el puesto.

 

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