Jaime Nava
A dos meses del anuncio de la cancelación de la inversión de Ford en San Luis Potosí, el gobierno del estado ha sido poco claro respecto de las condiciones de indemnización que deberá cubrir la trasnacional para resarcir los daños y perjuicios derivados de su sorpresivo desinterés para continuar con su proyecto en el estado.
Durante este periodo de tiempo, distintos funcionarios estatales han declarado que mantienen conversaciones con la Ford Motor Company; empero, aún no detallan la cifra definitiva que el gobierno del estado exigiría como retribución por los gastos realizados para la compra y acondicionamiento del terreno donde se instalaría la empresa.
Si gobierno hubiera cancelado, penalización sería mayor
Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco, se limitó a informar el martes pasado que esperan recibir una indemnización de mil 300 millones de pesos, pero que el estado no adquiriría la propiedad del terreno. La cantidad revelada por Puente Orozco no es producto del análisis y comprobación de los recursos erogados por la administración estatal, sino que se trata de una cifra previamente pactada entre Juan Manuel Carreras López, los representantes de Ford y el ayuntamiento de Villa de Reyes.
El 4 de abril de 2016, los involucrados en la instalación de la armadora firmaron una carta de limitación de responsabilidad que se anexó al convenio original. La carta, como la mayoría de los documentos relativos a la inversión de Ford en el estado, no fue publicada por las autoridades estatales. En el documento en mención se acordó limitar la responsabilidad de la empresa en caso de terminación anticipada del convenio “hasta por la cantidad de 65 millones de dólares (mil 300 millones de pesos a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar). No obstante, las autoridades estatales accedieron a que en caso de que el gobierno del estado hubiese solicitado la cancelación del convenio, la penalización con cargo al erario fuera mayor, alcanzando los 80 millones de dólares (mil 600 millones de pesos).
La carta de limitación de responsabilidad fue firmada por Juan Manuel Carreras López, Alejandro Leal Tovías, José Luis Ugalde Montes, Gustavo Puente Orozco, Joel Ramírez Díaz; el alcalde de Villa de Reyes, Juan Gabriel Solís Ávalos, y, en representación de la Ford Motor Company, SA de CV, Diego Antonio Valdovinos Aguirre, en su carácter de representante legal.
Entrevistado por La Jornada San Luis, el notario y analista político Eduardo Martínez Benavente consideró que las indemnizaciones que se fijaron en caso de que se cancelara el convenio, son muy confusas y se prestan a muchas interpretaciones. “Es muy probable que este asunto termine en los tribunales internacionales”. También, contrario a los posicionamientos oficiales, consideró que el gobierno del estado debe quedarse con el terreno, “sobre todo porque no se sabe exactamente qué cantidad es la que ya pagó; eran mil 27 millones de pesos, correspondían 700 y tantos millones de pesos a lo que eran las obras de infraestructura y 200 y tantos millones de pesos que correspondían a un lote de terreno”.
Terreno aún no termina de pagarse
Dentro del instrumento 108461, del volumen 3045, protocolizado ante el notario Bernardo González Courtade el 25 de mayo de 2016, se transmitió la propiedad de 220 hectáreas pertenecientes al Grupo Valoran, SA de CV, a través del Fideicomiso 17696 al gobierno que encabeza Juan Manuel Carreras por un monto total de mil 27 millones de pesos de los cuales 265 millones correspondían al costo del terreno y 656 millones 896 mil 551 pesos serían utilizados en “obras de infraestructura”, los 105 millones restantes cubrirían los costos del Impuesto al Valor Agregado.
De acuerdo con el calendario de pagos, la administración estatal debió de haber desembolsado a favor del grupo Valoran 57 millones 131 mil 450 pesos en febrero de este año quedando pendientes dos abonos superiores a los 148 millones y uno más por 37 millones de pesos pagaderos durante abril, junio y agosto, respectivamente.
Aunque ya se habían iniciado trabajos para compactar el suelo y sobre el terreno se colocó parte de infraestructura, nada se sabe sobre cuál o cuáles son las empresas encargadas de la ejecución de las obras, toda vez que, contrario a las disposiciones legales, se permitió que a través del fideicomiso se asignaran los trabajos que fueron pagados con dinero público. Situación calificada por Eduardo Martínez Benavente, como “tramposa” y “poco creíble”, pues consideró que los mil 27 millones de pesos son insuficientes para la magnitud del proyecto.
“El gobierno de Toranzo salió más ladrón que éste”, externó Martínez Benavente al recordar que para la instalación de la BMW, por el aplanado, nivelación y compactación de un terreno de dimensiones similares al de Ford, la administración anterior gastó alrededor de mil millones de pesos a diferencia de los 656 millones 896 mil 551 pesos destinados para Ford.
Gerardo del Valle López, Jorge Alejandro del Valle López, Manuel del Valle López, Alejandra del Valle López, Roberto del Valle López, son algunos de los nombres que figuran como miembros del Grupo Valoran, junto a prominentes empresarios potosinos de apellidos Rangel, Payán y Torres.
Finalmente, Martínez Benavente comentó que el gobernador del estado perdió la oportunidad de frenar el deterioro de su imagen política al no enfrentar públicamente a la empresa por haber decidido cancelar su proyecto en San Luis Potosí a sabiendas de que el gobierno estatal había apostado todo por la armadora llegando incluso a cancelar obras para poder cumplir con las obligaciones contraídas con Ford.
