Stella Calloni
Buenos Aires. Era un verdadero ejército avanzando y golpeando, fue la descripción de Camilo Mones, uno de los delegados de los 600 trabajadores despedidos de la empresa trasnacional Pepsico, sobre la brutal represión a manos de decenas de policía de la provincia de Buenos Aires y Gendarmería.
Con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos los uniformados desalojaron de la planta a los trabajadores, y dejaron decenas de heridos y unos diez detenidos.
La represión de las manifestaciones sociales y la militarización alrededor de las fábricas que están despidiendo trabajadores masivamente amparados por los Ministerios de Segruidad, Trabajo y el gobierno de la derechista alianza Cambiemos, se intensifica cada día en todo el país.
Las autoridades culparon del desalojo a los trabajadores que acampaban afuera y dentro de la planta de Pepsico cuidar que no se desmantelara. Entre los testigos del violento desalojo figuran diputados, abogados y periodistas. Estos últimos tienen prohibido trabajar cuando las fuerzas de seguridad reprimen, “lo que viola la libertad de prensa”, como advirtieron reporteros periodistas y camarógrafos golpeados por la policía.
Los despedidos pedían dialogar, tanto con el Ministerio del Trabajo, como con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La respuesta fue el envío de un verdadero ejército que destruyó todo a su paso y arrojó gases lacrimógenos al grupo de mujeres y hombres que estaban adentro, varios de los cuales de desmayaron. “Parece que se quieren llevar un muerto antes de octubre”(fecha de las elecciones legislativas) sostuvo Mones.
“La responsabilidad política es de Vidal y Macri”, agregó y añadió que esto “parecía una guerra” en diálogo con radio 10. “No hubo un muerto de casualidad nos tiraban gases y balas de goma a nosotros que estábamos en el techo”, dijo otro delegado y añadió: “Esto nunca lo vi, ahora lo viví y en democracia”.
La empresa les ofreció una indemnización, pero ya en los años 90 los trabajadores entendieron que el dinero se evapora y más aún en momentos de una crisis verdaderamente grave que oculta el gobierno en que se calcula que siete fábricas grandes y pequeñas cierran por día en el país.
Funcionarios del gobierno apoyaron la represión, mientras que la dirigencia de la Confederación General del Trabajo, si bien la rechazó, anunció que llevará un documento al gobierno con todo lo que lo sucede con los trabajadores y también con el hecho de que haya cuatro sindicatos intervenidos ilegalmente.
