Armando G. Tejeda, corresponsal
Madrid. El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, decidió acelerar con más recursos y mano de obra la construcción del campamento humanitario que levanta en el Puerto de Ceuta, la ciudad autónoma española enclavada en el norte de África que a finales de julio vivió una entrada de más de 72 mil migrantes.
El empeño de la administración central de crear espacios dignos mientras se resuelven los expedientes de petición de asilo contrastó con la oposición frontal del principal Sindicato Unificado de Policía (SUP), que solicitó la suspensión “inmediata” de las obras por motivos de “seguridad”.
Ante la crisis migratoria en Ceuta, donde se calcula que hay entre cinco mil y 13 mil migrantes deambulando por sus calles y bosques, el gobierno central intensifica las labores para erigir un albergue provisional en el puerto, que se sumará a los ya existentes, el último este domingo mismo en el barrio de Los Rosales, donde fueron acogidos 864 migrantes.
El objetivo es darles techo y comida a seis mil personas mientras esperan la resolución de su expediente de petición de asilo o de residencia.
Las mil personas que serán trasladadas al albergue del Puerto, una vez concluido, serán las que ahora viven en casas improvisadas con restos de la basura en la playa del Trampolín.
Pero el SUP rechazó en un comunicado la construcción del albergue y solicitó la suspensión “inmediata”, al asegurar que antes hay que “verificar los riesgos de incendio, las vías de evacuación y la peligrosidad que supone su proximidad a infraestructuras estratégicas de combustible y energía”. Reclamó “informes técnicos que avalen la viabilidad del recinto y una evaluación urgente de los riesgos operativos para los agentes”.
Además, el gobierno de Ceuta, presidido por el conservador, Juan Jesús Vivas, solicitó la intervención inmediata del ministerio de Transición Ecológica para solucionar lo que califico como “la grave degradación ambiental generada por los asentamientos irregulares”, al alegar que hay una “acumulación masiva de residuos, el alto riesgo de incendios y la severa presión sobre la flora y fauna protegidas, tanto en los montes como en todo el litoral”.
En el terreno judicial, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que es la que instruye el caso abierto por la crisis migratoria, solicitó a la fiscalía española que evalúe si es necesario asumir las diligencias contra el delegado del gobierno central en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, quien actualmente tiene abierta una causa judicial en un tribunal ceutí.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que la tramitación de expedientes de los migrantes va “a una velocidad de crucero”, al advertir que “de los cinco mil 300 retornos voluntarios registrados desde agosto, se han ejecutado 300 expulsiones judiciales motivadas por la comisión de delitos”.
Rodríguez Zapatero se defiende ante el juez
En otro asunto, el ex presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, presentó un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que el juez que instruye su caso, José Luis Calama, no incluya en el sumario las operaciones de consultoría que realizó con el gobierno de Bolivia y por las que habría cobrado 200 mil euros.
La defensa de Rodríguez Zapatero sostiene que se incluirse esa operación en la investigación abierta en su contra, que se refiere al caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, podría “constituir una verdadera patente de corso para que la investigación se dirija a cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado”.
La resolución de la Sala se conocerá en las próximas semanas, antes de que inicie el juicio contra el mandatario español.
