Una publicación de el diario El País detalla cómo la embajada y las autoridades mexicanas pusieron especial atención al proceso en contra del ex dirigente priísta Humberto Moreira por su presunta responsabilidad en los delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de los Zetas.
La nota elaborada por José María Irujo asegura que la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, telefoneó a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales españoles. “Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”.
Igualmente da cuenta de las instrucciones que recibió el personal de la embajada de México en España el mismo día de la detención de Moreira para buscar a “pretigiosos abogados españoles” para que se hicieran cargo de la defensa del ex gobernador de Coahuila además de atender a la esposa e hijas a quienes alojaron en el hotel Vincci Soho con el que la embajada tiene un acuerdo.
“En la embajada creyeron que los agentes españoles les revelarían por qué había caído Moreira, pero no lograron su objetivo. Su silencio causó malestar en la legación diplomática ya que, además, en esta ocasión las autoridades españolas no les habían avisado de la detención como hacen habitualmente, según aseguran fuentes cercanas a la embajada.”, asegura la publicación.
El Gobierno de Peña Nieto quería saber qué indicios criminales había contra su antiguo colaborador y presunto financiador de su campaña electoral
