La Redacción
Washington. Organizaciones defensoras del derecho a portar armas criticaron este domingo los señalamientos de funcionarios federales tras el tiroteo en el que murió Alex Pretti, enfermero de 37 años, durante una protesta en Mineápolis, al considerar que se estigmatizó a propietarios legales de armas de fuego, informó USA Today.
La controversia se desató luego de que autoridades federales afirmaran que Pretti portaba un arma y representaba una amenaza para los agentes; sin embargo, videos difundidos y el testimonio de un testigo señalaron que el manifestante sostenía un teléfono móvil al momento del forcejeo y no blandía un arma. El jefe de la policía local indicó que Pretti contaba con licencia para portar arma oculta.
El jefe de policía de Mineápolis declaró que Pretti tenía una licencia para portar armas ocultas. Horas después del tiroteo fatal, el fiscal federal adjunto, Bill Essayli, en el sur de California se dirigió a X y posteó: “Si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, es muy probable que tengan justificación legal para dispararte. ¡No lo hagas!”. Otros miembros de la administración Trump argumentaron que los manifestantes pacíficos no se presentan con arma.
Declaraciones posteriores de funcionarios federales, que sugirieron que acercarse armado a fuerzas del orden podía justificar el uso de fuerza letal, fueron rechazadas por organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle y Gun Owners for America, que pidieron esperar el resultado de las investigaciones y evitar generalizaciones contra ciudadanos que cumplen la ley.
Tras el tiroteo, varios funcionarios de la administración Trump sugirieron que los manifestantes pacíficos no lleven armas de fuego consigo. “No conozco a ningún manifestante pacífico que se presente con un arma y municiones en lugar de un cartel”, declaró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una conferencia de prensa horas después del tiroteo. “Esto es un disturbio violento cuando alguien se presenta con armas”.
Aunque un fiscal federal adjunto matizó después sus dichos y sostuvo que se refería a personas que se aproximan de manera agresiva y se niegan a desarmarse, los grupos proarmas advirtieron que el caso evidenció la tensión entre las operaciones federales de seguridad y el ejercicio de derechos constitucionales durante protestas públicas.
