Carlos García, corresponsal
Celaya, Gto. La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato aprobó el dictamen para reformar el Código Penal para crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
La propuesta de la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, incluye reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que sería la responsable de administrar y operar el Registro Público.
El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales concentrará la información de las personas que hayan sido sentenciadas por cometer delitos sexuales contra infantes y adolescentes. La iniciativa fue enviada al Congreso en septiembre del 2025.
La comisión realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa que busca crear el delito de reclutamiento y utilización forzada de infantes y adolescentes por parte de grupos de la delincuencia organizada.
En la mesa participaron representantes de la Fiscalía General del Estado, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Consejería Jurídica del Estado, quienes emitieron sus comentarios sobre la iniciativa. Los grupos parlamentarios del PAN y Morena fueron los que presentaron iniciativas para crear el nuevo tipo penal que se castigaría hasta con 25 años de prisión.
El 13 de noviembre del 2025, los diputados del PAN presentaron ante el pleno la iniciativa para reformar y adicionar artículos al Código Penal para crear el delito de reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos delictivos.
El nuevo tipo penal sería un delito grave. La propuesta contempla la creación del artículo 239 b, el cual establece que “a quien por cualquier medio obligue, emplee, facilite o induzca a una persona menor de dieciocho años a formar parte de una asociación delictuosa o a cometer cualquier delito, se le impondrá de seis a quince años de prisión y de quinientos a cinco mil días multa”.
Posteriormente, el 20 de noviembre, los legisladores de Morena propusieron reformar el delito de trata de personas para agravar las penas cuando “el delito es cometido en contra de niños, niñas y adolescentes con el fin de que participen en las actividades ilícitas de los grupos delictivos; la punibilidad se incrementará de dos tercios del mínimo a dos tercios del máximo”.
