Dos manifestaciones, un fiscal
Municipio: un clavo saca otro clavo
Reacciona el Patronato de la Feria
Esta mañana en el Congreso del Estado confluirán dos protestas, motivadas por la inclusión de Federico Garza Herrera en la terna para la elección del fiscal del estado, pero antagónicas. Una de ellas convocada por el Frente Ciudadano Anticorrupción en plan opositor y la segunda promovida en redes sociales por priístas y amigos de los hijos del procurador.
A pesar de que Garza Herrera es el favorito de la administración estatal, su designación no se anticipa sencilla. En contra tiene, si es que las negociaciones no cambiaron durante la noche, a algunos panistas como Jorge Luis Díaz Salinas, Mariano Niño y Xitlálic Sánchez Servín, a Jesús Cardona Mireles de Morena, a toda la bancada perredista, a José Belmarez Herrera del Partido del Trabajo y, especialmente, a Manuel Barrera Guillén.
Todos ellos sumarían diez votos en contra, además de que existe la posibilidad de que la diputada de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, se adhiera a los votos negativos junto al suplente de Óscar Bautista Villegas. De ser así, Garza Herrera obtendría únicamente 15 votos y no alcanzaría la mayoría calificada que requiere para asegurar el futuro de los amigos de sus hijos durante los siguientes siete años.
Dos o tres vueltas le darán a la ronda de sufragios antes de que se inclinen definitivamente por el notario, a menos que de forma sorpresiva su nombre se escuche 18 veces en el conteo de la primera votación, en cuyo caso Garza Herrera estaría en deuda con Jorge Vera Noyola, operador político designado por Juan Manuel Carreras para los menesteres legislativos.
“Por una Fiscalía que sirva a los potosin@s (sic), con Federico Garza Herrera. Ha dado resultados y puede dar más, apoyemos la experiencia y continuidad. En 2 años el actual procurador ha combatido la corrupción y malas prácticas de una dependencia en el olvido. En #SLP queremos un fiscal preocupado por la ciudadanía y no por otros intereses. #UnBuenFiscal=Garza”, es el texto que contiene la imagen que desde ayer compartieron quienes apoyan a Garza Herrera para contrarrestar a los opositores.
En contraste, los integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción difundieron una imagen con un mensaje distinto: “El #FisacaldelGober no dio resultados y lo quiere para 7 años más. Paremos la imposición. Todos al Congreso. En San Luis Potosí queremos un #FiscalReal no un alfil del gobernador”.
El tema de los resultados aún es nebuloso y, como estratégicamente la comparecencia de Garza Herrera como procurador se llevará a cabo hasta el viernes –siendo ya fiscal seguramente–, la batalla discursiva se pelea con datos estadísticos, percepciones y anécdotas sin respuesta o explicación oficial.
Quienes han tenido contacto frente a frente con Garza Herrera aseguran que se siente muy orgulloso de la remodelación de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, obra que, según él, por sí misma ayuda a combatir la corrupción. ¿Cómo? Por la compra de escritorios de vidrio, mobiliario que, de acuerdo con el notario procurador, impide a los funcionarios recibir sobornos “por debajo de la mesa”.
Lo que no pudieron evitar esos muebles fue la contratación de jóvenes abogados compañeros de generación de sus hijos a quienes incluso se les entregaron puestos directivos; a pesar de que no contaban con experiencia ni conocimientos para desempeñar sus funciones, situación que algunos no dudarían en llamar corrupción y que al interior de la PGJE empieza a molestar a los trabajadores a quienes les toca desahogar la carga laboral adicional que los recomendados no pueden.
Garza Herrera ha quedado a deber. Los niveles de inseguridad se han disparado, se ha destacado por realizar polémicas declaraciones sobre asuntos delicados como la desaparición de mujeres en el estado o los feminicidios y, dicho por sus propios empleados, no ha sabido cómo sacar adelante las investigaciones en contra de diputados, funcionarios y ex servidores públicos. En siete años, tal vez, aprenderá.
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Para que se olvide su bronco pasado, el diputado priísta José Luis Romero Calzada adelantó que sólo está esperando a que se publiquen las reformas para eliminar el fuero en San Luis Potosí para denunciar penalmente al ayuntamiento de la capital porque los adoquines que retiraron de la Calzada de Guadalupe se encuentran adornando una propiedad “de unas personas que gobiernan aquí en la capital”.
No les llamó por su nombre, sin embargo, la acusación claramente apuntaba hacia Ricardo Gallardo Juárez. En redes sociales fueron difundidas imágenes que aseguran corresponden al rancho El Siete del cual es dueño el presidente municipal y en las que se aprecia una obra en desarrollo y un tramo con los adoquines ya colocados.
Rápidamente desde el ayuntamiento liberaron al alcalde de cualquier culpa y negaron que sean ciertas las afirmaciones del diputado Romero Calzada. La encargada del deslinde fue Leticia Vargas Tinajero, directora de Obras Públicas, quien aseguró que unas piezas continúan bajo resguardo dentro de un almacén municipal y otras han sido donadas “a instituciones que mediante oficio lo solicitan al ayuntamiento”.
Que desde hace días le llueva sobre mojado a la administración municipal resultó benéfico para los potosinos, pues nuevamente se acordaron de las irregularidades del trienio de Mario García Valdez y, para sacar un clavo con otro clavo, revelaron que detectaron el desvío de 58 millones de pesos, pero, dijo el contralor Enrique Alfonso Obregón, “los auditores no han determinado nada, hasta que concluyan las investigaciones estaremos en calidad de emitir un pronunciamiento”.
A ver si ahora sí se cumple la promesa de sancionar al ex presidente municipal.
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La denuncia pública por corrupción que presentó el director de la empresa Producciones en Boga SA de CV en contra de dos miembros del Patronato de la Feria Nacional Potosina continúa provocando reacciones.
Por medio de un comunicado los integrantes del Patronato anunciaron que decidieron presentar una denuncia ante la PGJE para que investiguen a fondo los señalamientos; además, se dijeron dispuestos a colaborar en las indagatorias y giraron órdenes al área administrativa para que se revisen las cuentas relacionadas con la contratación de Marco Antonio Solís.
¿Se resolverá o será guardado en el archivero del olvido?
(Redacción: Jaime Nava)
