Revictimizar y criminalizar
Un archivero para Marichuy
En un camino de terracería cercano a la carretera a Rioverde fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer. De entre 25 y 29 años. Como suele suceder en estos casos, las autoridades se enteraron de su existencia porque alguna persona llamó a los números de emergencia para reportar que una vez más, en menos de una semana, una joven fue asesinada. ¿Cuántos feminicidios se acumulan este año?
Oficialmente, el procurador, Federico Garza Herrera, reconoce seis casos; por otra parte, organizaciones de la sociedad civil aseguran que son cerca de veinte. En donde también hay una clara diferencia es en cómo se informa a la población. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Procuraduría General de Justicia del Estado reveló que la mujer contaba con un tatuaje en la espalda con el nombre de “Juanito”.
Igualmente se dijo que murió a causa de dos disparos de arma de fuego, “uno debajo de la nariz y el otro en el cuello de lado izquierdo”. Y, como si la intención fuera generar en la opinión pública la sensación de que la joven fue asesinada por su propia culpa, se dio a conocer que en el lugar se encontró “una pipa con residuos de una hierba verde y seca con la apariencia de la marihuana, así como una bolsa de cosméticos”. La red de potosinas feministas “Las simonas” consideraron que el reporte de la procuraduría revictimiza y criminaliza a la víctima de feminicidio.
Es casi imposible evitar comparar el tratamiento de la información relativa a hechos violentos. El propio Garza Herrera se habría ahorrado ser el centro de especulaciones si cuando asesinaron a quien fuera novio de su hija, en lugar de imponer el silencio, hubiera emitido un mensaje para informar dónde fue encontrado, cuántos disparos le provocaron la muerte y cuáles objetos se recabaron como “indicios”.
Con la gastada frase de que no se pueden dar más detalles para no “entorpecer la investigación” se escondieron los datos sobre lo sucedido al interior del Campestre. Si el criterio es ser transparentes, entonces que pongan la muestra y se conozca lo más posible cuando se vea involucrado en un hecho delictivo alguien del sector social al que pertenecen quienes administran el poder
La imperiosa necesidad de aparentar que los niveles de seguridad en la entidad son buenos, termina poniendo en evidencia la distinción social promovida desde las instituciones públicas en agravio de una ciudadanía cada vez más desprotegida.
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El gobierno del estado espera que durante la sesión del próximo jueves los diputados autoricen la donación de más de 26 mil bienes, mobiliario y equipo a organizaciones no lucrativas que aún no han sido especificadas o que se destruyan en caso de que no sean de interés para las asociaciones. Entre los objetos destacan teléfonos satelitales, aspiradoras para alberca, bocinas, cafeteras, camas, cantina, equipos especializados para anulación de llamadas celulares, lockers, mesa de exploración ginecológica, sistema meteorológico, herramientas, tanques de gas, escudos antimotines, etcétera.
Lo que más llama la atención es que se pretendan regalar más de 200 archiveros, cerca de 500 escritorios, aproximadamente mil sillas y 408 equipos de cómputo. Lo anterior es de señalarse debido a que desde hace una semana María de Jesús Almendárez permanece encadenada a las oficinas de la Oficialía Mayor.
En 2014, Marichuy, como es conocida por sus familiares y amigos, trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Pública hasta que fue víctima de acoso sexual de parte del entonces delegado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Juan Martín Gatica Izaguirre. Por haber denunciado, a Marichuy se le hostigó laboralmente y no se le ha permitido regresar a su puesto de trabajo.
A partir de ese momento comenzó su peregrinar en busca de justicia y en su desesperación decidió encadenarse en la Oficialía Mayor hasta ser reinstalada. María de Jesús tiene ocho días sin dormir bien. Las cucarachas aparecen por las noches y se le suben al cuerpo; además, ha denunciado que un hombre a bordo de un vehículo ha vigilado su plantón y domicilio; no obstante, asegura que las autoridades no han investigado nada al respecto.
En el colmo de lo absurdo, mientras la administración estatal pretende regalar miles de artículos, la integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Gloria Serrato Sánchez, visitó a Marichuy para informarle que únicamente necesitan comprar un archivero, una computadora, silla y un escritorio para poder reintegrarla a su trabajo.
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De nueva cuenta los municipios de Ciudad Valles, Rioverde y Cerritos registraron las temperaturas más altas con 39 grados Celsius; sin embargo, las condiciones climatológicas están por cambiar. La Coordinación Estatal de Protección civil pidió tomar precauciones ya que existe la posibilidad de que se presenten tormentas eléctricas en todo el estado por el ingreso de un nuevo frente frío y dos canales de baja presión.
Se pidió a la población mantenerse lejos de árboles, respetar los cauces de ríos o arroyos y evitar cruzar si llevan corriente de agua.
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A partir de este jueves y hasta el domingo se llevará a cabo el Torneo Nacional de Charrería “Constitución 100” en el que participarán 36 escuadrones de charros y 12 escaramuzas provenientes de 20 estados de la república. San Luis Potosí será representado por los actuales campeones, Charros RG2.
En los cuatro días se efectuarán doce competencias a las 12, 16 y 19:30 horas en el lienzo Rancho del Charro que se ubica a un lado del santuario de la virgen de Guadalupe en la capital potosina. El costo por día será de cien pesos y esperan contar con una asistencia de, por lo menos, siete mil personas.
(Redacción: Jaime Nava)
