Guillermo Luévano Bustamante
El fin de semana pasado estuvimos en algunas comunidades de la Huasteca, como parte del proyecto de acompañamiento jurídico y promoción de los derechos humanos de los pueblos. El tema principal que sale a relucir en los foros y asambleas en los que las autoridades tradicionales y ejidales nos permitieron participar a un grupo de estudiantes y a dos profesores del programa de derechos humanos fue la amenaza a los territorios que representan los megaproyectos asociados a la fractura hidráulica, a los gasoductos, a la extracción desmedida de agua para favorecer a empresas particulares en detrimento de las comunidades y los barrios.
Los procesos de transformación de paisajes, por causas naturales y otras empujadas por el despojo capitalista, están “desertificando” la Huasteca. En las comunidades se discuten los efectos del fracking y en general de los megaproyectos y se van construyendo los consensos para contenerlos. Hay mucha claridad para identificar que la tendencia obedece a la dinámica del despojo de los recursos naturales y los distintos grupos afectados reconocen las amenazas, grupos empresariales, prácticas disuasivas y pretendidamente persuasivas que mediante el engaño, la amenaza, el miedo o las prebendas, buscan instalar proyectos de gran alcance que favorecen a unos cuantos.
En algunos casos han contenido ya parcialmente el avance de los gasoductos, por acuerdo de asambleas y autoridades tradicionales y ejidales. En otros casos las instalaciones están avanzando pero pueden ser revertidas, por la decisión de los pueblos o de los juzgados, pero en todo caso la constante es la desatención de las autoridades gubernamentales del ámbito ambiental y de atención a pueblos indígenas, que no priorizan la protección de los derechos colectivos, ni de la naturaleza y que han sido sumamente permisivas con los intereses privados.
Ni siquiera suelen entender la lógica comunitarista, ni muestran consideraciones por las asambleas o las autoridades tradicionales, o no las comprenden o realmente no las respetan. En una asamblea a la que acudimos por invitación de autoridades indígenas se apersonaron sin invitación un alcalde y funcionariado de una oficina de atención a pueblos indígenas, interrumpieron la sesión, no pidieron permiso a la asamblea ni a las autoridades comunitarias.
A contracorriente se avanza en el sistema americano de derechos de los pueblos indígenas, como hace poco refería en este espacio tras la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, falta ahora defender su cumplimiento y observancia, y dar las batallas legales para exigir a las autoridades gubernamentales que atiendan sus necesidades y recojan sus reclamos.
La consulta indígena en el estado puede servir, entre otras muchas cosas, para eso, si se hace como establece la ley en la materia y con respeto cabal a las prácticas jurídicas, políticas e históricas de las comunidades.
@guillerluevano
