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Human Rights Watch y otros tres grupos de defensa presentaron el martes una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para impugnar su campaña contra la Corte Penal Internacional, al argumentar que las sanciones contra jueces y fiscales del organismo socavan la capacidad de procesar a las personas responsables de los peores crímenes contra la humanidad.
En la demanda, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, los grupos sostienen que la orden ejecutiva emitida por Trump el año pasado, dirigida contra el tribunal penal con sede en La Haya, y las sanciones de Estados Unidos contra un experto en derechos humanos de la ONU y tres grupos palestinos de derechos representan un “ataque descaradamente ilegal contra la justicia internacional y debería ser anulado”, según un comunicado de prensa.
La demanda es el ejemplo más reciente de organizaciones que se oponen a lo que califican como los esfuerzos del gobierno de Trump por socavar el derecho internacional y frenar las iniciativas para combatir la impunidad de gobiernos en todo el mundo.
“El hecho de que tantas organizaciones líderes de derechos humanos y humanitarias se hayan unido para impugnar la orden ejecutiva ilegal de Trump demuestra el daño generalizado que causa en los grupos de la sociedad civil dedicados a llevar ante la justicia a los responsables de crímenes graves”, afirmó Andrew Loewenstein, de Foley Hoag LLP, el abogado principal que representa a los demandantes.
