La redacción
Mazatlán, Sin. Grupos criminales que se encuentran identificados con nombres y alias, pero permanecen prófugos, son los que tienen asolada la región del municipio de Concordia, de donde han huido las familias desplazadas de la sierra, además de ser responsables de extorsiones y robo de maquinaria a empresas mineras que cerraron en la comunidad de Pánuco, confirmó Genaro Robles Casillas, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, durante su comparecencia ante diputados de la LXII Legislatura.
Por esta razón los legisladores encabezados por Marco Antonio Osuna Moreno, presidente de la Comisión Seguridad Publica; Irma Tirado, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y Víctor Antonio Corrales, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, solicitaron que se refuercen los operativos de seguridad en la zona serrana de los municipios de Concordia, Rosario y San Ignacio, donde se están presentando casos de desplazamiento forzado de personas.
Tras escuchar a Robles Casillas, que dijo que las bases policíacas a su mando presentaron un censo en la región sur, que arrojó que de un total de 755 familias las que han sido desplazadas de estos tres municipios y 410 de ellas —54 por ciento— ya regresaron a sus municipios sólo en Rosario y Escuinapa, los diputados le pidieron que generen las condiciones para que las personas puedan regresar a sus lugares de origen, y en el caso de quienes no lo puedan hacer, brindarles un entorno propicio para su desarrollo.
El secretario de Seguridad reconoció que en Concordia todavía existe un clima de inseguridad provocado por la pugna entre grupos de delincuentes, que algunos de ellos ya han sido identificados pero se mantienen prófugos, y que ya se instalaron sendas bases permanentes de la Policía Estatal en las comunidades de La Guayanera y de La Petaca, con el apoyo del Ejército Mexicano, para realizar patrullajes terrestres y con la colaboración de la PGR reforzando con sobrevuelos de helicópteros.
Pormenorizó que las comunidades más afectadas son Santa Lucía, La Petaca, La Capilla del Taxte, pues son lugares donde más homicidios múltiples se han registrado, lo que ha ahuyentado a los habitantes.
Detalló que en el caso de las poblaciones La Rastra y El Llano de la Palma, localizadas en el municipio El Rosario, han sido desplazadas 29 familias, dado que se han registrado enfrentamientos entre células criminales. En el municipio San Ignacio, abundó, 208 personas han tenido que huir de los pueblos Ajoya, El Sauz de Ajoya y Santa Apolonia.
También fue llamada a comparecer Rosa Elena Millán Bueno, secretaria de Desarrollo Social, quien informó que desde el pasado 19 de julio han sido visitados asentamientos de desplazados en Villa Unión y en colonias de Mazatlán, a quienes se les ha entregado 2 mil 500 despensas, mil bultos de lámina de cartón y 300 colchonetas, así como apoyos del DIF estatal que donó 10 mil desayunos fríos y mil 700 despensas.
Precisó que los recursos para apoyar a estas personas provienen del Fondo de Infraestructura Social Municipal que tiene etiquetados 18 millones de pesos, los cuales se han entregado en Concordia, para atender las comunidades de alta prioridad y los programas especiales como los comedores comunitarios y así garantizar el derecho a la alimentación.
Las legisladoras Maribel Chollet Morán, Margarita Villaescusa Rojo, Irma Moreno Ovalles (PRI), Sylvia Treviño (PAN) y Angélica Díaz (PAS) plantearon que para combatir la delincuencia se tiene que lograr con educación y la promoción de valores desde el entorno familiar, brindar atención sicológica y buscar una atención integral para quienes han sufrido el desplazamiento de sus comunidades.
En tanto, Millán Bueno aceptó que no se tiene información exacta sobre las cifras de desplazamiento forzado, pero sí se sabe que son los municipios de Concordia, San Ignacio y Rosario los más afectados. Asimismo, consideró que los trabajos para combatir esa problemática se tienen que hacer de manera coordinada entre las diferentes dependencias de gobierno, e hizo hincapié en que hace falta legislación para que el fenómeno sea reconocido legalmente y se le dé sustento constitucional para la aplicación de políticas públicas a favor de los desplazados.
