La Colectiva ILE, en el marco de la Campaña por la Interrupción Legal del Embarazo, dio a conocer que desde el miércoles 6 de septiembre se han promovido 7 juicios de amparo para lograr la despenalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas de embarazo.
Las activistas destacaron que las demandas de amparo fueron admitidas, con lo cuál los Juzgados del Poder Judicial de la Federación entrarán al estudio del fondo de las las demandas que reclaman la inconstitucionalidad del actual artículo 16 de la Constitución local de San Luis Potosí, así como de los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal de la entidad.
“Los juicios de amparo son contra el actuar del Congreso del Estado y Gobierno del Estado en el año 2009 (aunque gobiernos posteriores no han hecho nada para cambiarlo) cuando incorrectamente definieron, reformaron y promulgaron que la vida humana comienza al momento de la concepción, teniendo como consecuencia la restricción y violación de
diversos derechos de las mujeres, además de su criminalización, discriminación y estigma por
decidir un plan de vida distinto al de ser madres”, subrayaron.
Asimismo, detallaron que las demandas son promovidas por mujeres no embarazadas, cuya afectación es que las normas impugnadas generan un contexto social discriminatorio y estigmatizante a las mujeres que dentro de su plan de vida han decidido no ser madres.
“Las demandas demuestran que los actos reclamados (artículo 16 de la Constitución local y artículos del Código Penal relativos al aborto) violan el derecho humano a no ser discriminadas, a no ser estigmatizadas, impactando negativamente otros derechos, entre ellos a la autonomía reproductiva, el de igualdad, el de libre desarrollo y libre elección de plan de vida, además de los derechos sexuales y de salud”, recalcaron.
Cabe señalar que, por ejemplo, en la primera demanda de amparo presentada el 6 de septiembre, en el expediente 1231/2023 del Juzgado Primero de Distrito, ya se ha fijado Audiencia Constitucional para el 28 de septiembre del presente año. Lo cual calificaron como “un triunfo y por lo que esperamos que a principios del año 2024 se estén ganando sentencias favorables que sienten precedentes en beneficio de todas las mujeres y personas gestantes de San Luis Potosí”.
Además, anunciaron que se mantendrán en campaña permanente “para presentar todas las demandas de amparo posibles, semana a semana, que gracias a la asesoría jurídica gratuita con la que contamos con compañeros aliados, podemos invitar a que cualquier mujer nos contacte para presentarle su juicio de amparo; para ello solo se requiere copia certificada de credencial de elector para acreditar que es vecina del Estado y así tener legitimación para demandar. Invitamos a qué más mujeres y colectivas sigan esta vía de los amparos para lograr el objetivo de contar con interrupciones legales y seguras para embarazos no deseados en la entidad”.
Compartieron, también, la carta que hicieron llegar al Gobierno del Estado para solicitar su intervención en el tema, en la cual hicieron énfasis en que se refieren en particular a “dos asuntos de suma importancia para la garantía de los derechos reproductivos, de libre desarrollo y de no discriminación de las mujeres en nuestro estado”.
En este sentido, por medio de una carta, solicitaron el apoyo del Ejecutivo local para convencer a los integrantes del Poder Legislativo de la necesidad de reformar la Constitución Local y el Código Penal para que no se discrimine y criminalice a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo, y “en segundo lugar, le solicitamos que procure que sus dependencias públicas coadyuven a que prosperen las demandas de amparo en defensa de los derechos reproductivos de las mujeres en San Luis Potosí, dado que las reformas de las cuales nos quejamos fueron hechas en 2009, cuando gobernaba Marcelo de los Santos Fraga, con una mayoría panista conservadora que favoreció medidas criminalizadoras”.
En el documento, le recordaron a las autoridades estatales que el 1 de junio del presente año se presentó una iniciativa ciudadana de nuestra parte para modificar el violatorio Código Penal, así como para reformar la Ley de Salud con la finalidad de garantizar el servicio de manera segura y eficiente. “También presentamos una propuesta de reforma a la Constitución, no como
iniciativa sino como propuesta para que la retome algún legislador o legisladora valiente, ya que las y los ciudadanos no estamos facultados para su presentación”.
Por último, con fundamento en el artículo 8 constitucional, pidieron una audiencia con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para hacerle llegar más información al respecto, ya que “estamos convencidas de que su intervención en estos asuntos sería de gran importancia para avanzar en la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres en San Luis Potosí, marcando un cambio trascendente y” con perspectiva de derechos humanos.
