Armando G. Tejeda
El conflicto político entre Cataluña y España entró este jueves en su fase más áspera, en la que hubo desde amenazas veladas y explícitas hasta requerimientos judiciales y operativos policiales en torno a las supuestas imprentas donde se imprimirán las papeletas para votar el próximo 1 de octubre en el referéndum de independencia. En este clima el Tribunal Constitucional español emitió sendos auto de urgencia en los que dio la razón en todos sus argumentos al gobierno español, del derechista Mariano Rajoy: que la ley del referéndum se tiene que “suspender” por ilegal y que, por tanto, la convocatoria de la consulta ciudadana decretada por el gobierno catalán también se tiene que “suspender”. El presidente catalán, el nacionalista Carles Puigdemont, respondió contundente: “España no es un democracia y responderemos a este tsunami de querellas con la gente en las calles”.
El 6 de septiembre pasará a la historia de Cataluña y España como el día en el que una de las regiones más prósperas y ricas del Estado inició su rumbo unilateral hacia la independencia. La coalición de Junts Pel Sí -integrada por la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP, una formación independentista y anticapitalista) presentaron y aprobaron la ley de referéndum con la que le dieron cobertura legal a la hoja de ruta que plantearon para celebrar una consulta ciudadana el próximo 1 de octubre para que Cataluña decida su futuro; si seguir como una autonomía sujeta al Estado español o si, por el contrario, opta por convertirse en un Estado independiente en forma de República.
La aprobación de la ley permitió que el gobierno catalán completo firmara el decreto de convocatoria del referéndum y que ayer, en otro pleno parlamentario tenso y de más de diez horas, se aprobara la llamada “ley de transitoriedad”, con la que se acompañara al proceso de secesión en el caso de que la ciudadanía catalana finalmente decida la separación de España. Que se convierte así en la segunda ley que se aprueba en menos de 48 horas para llevar a cabo el proceso unilateral de independencia y de nuevo con un resultado idéntico al de la ley de referéndum: 72 votos a favor, 11 abstenciones de la marca electoral de Podemos en la región y ninguno en contra por el abandono voluntario de los tres partidos políticos de oposición que defienden la unión con España -Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Partido Popular (PP)-.
Fue especialmente trascendente que la ley de “transitoriedad” se aprobó sólo unas horas después de que se diera a conocer y se notificara de forma oficial las resoluciones adoptadas en un pleno de urgencia por los doce magistrados del Tribunal Constitucional, en las que, como ha sido habitual en los últimos años, le dieron la razón en todo a las tesis del gobierno español y atacaron la línea de flotación de las fuerzas soberanistas. Unos partidos políticos que, en virtud del pasado, acordaron no reconocer a este tribunal -que es a su vez la máxima autoridad jurídica del Estado- y no acatar las resoluciones ni requerimientos.
El TC se reunió con carácter de urgencia para estudiar estos acuerdos tras haber admitido, tan sólo unas horas antes, la tramitación del incidente a petición del gobierno español de Mariano Rajoy. Las cuatro iniciativas anunciadas por Rajoy, que el tribunal ha acordado dar trámite son concretamente un recurso de inconstitucionalidad contra ley del referéndum y las impugnaciones contra el decreto de convocatoria del referéndum, el que contiene las normas complementarias para organizarlo y contra el acuerdo del Parlament que nombra una Sindicatura Electoral, equivalente a la Junta Electoral Central.
Además, el TC solicitó que se informé de manera oficial a más de 260 funcionarios y dirigentes políticos de la supuesta ilegalidad de acatar las citadas leyes aprobadas por el Parlamento catalán; entre ellos a los más de 300 alcaldes que están llamados a facilitar la convocatoria ciudadana, a los máximos responsables legales del Parlamento catalán y hasta a los jefes de las policías que operan en Cataluña, desde los Mossos d´Esquadra hasta los grupos policiales municipales.
Antes del pronunciamiento del TC, el presidente Rajoy compareció por primera vez desde que estalló el conflicto para lanzar una serie de amenazas y advertencias a los principales dirigentes catalanes que defienden la independencia pero también a los funcionarios y alcaldes que con su participación podrían, según Rajoy, caer en una ilegalidad que les podría traer consecuencias. Tras reunir a su Consejo de Ministros de forma extraordinaria, Rajoy advirtió: “Soy muy consciente de mis obligaciones y de la gravedad del asunto. Soy muy consciente de lo que está en juego. Sé lo que se espera de mí, no he dedicado tantos años a mi país y al interés general como para permitir ahora que se pueda liquidar de un plumazo nuestro modelo de convivencia. Eso no va a suceder y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo”.
Y así repitió hasta en cinco ocasiones que el “referéndum de autodeterminación no se va a celebrar” y que “esaconsulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal no se va a celebrar, ni el Gobierno, ni los tribunales pueden tolerarlo bajo ningún concepto”.
Unas advertencias que vinieron acompañadas de una serie de órdenes policiales, entre ellas la de vigilar las supuestas imprentas donde la Guardia Civil sospecha que se puedan imprimir las papeletas del referéndum.
La respuesta a todas las denuncias y amenazas vino de parte del presidente catalán, Puigdemont, quien afirmó que aunque el gobierno español “tiene todos los aparatos del Estado a su disposición” para frenar el referéndum del próximo 1 de octubre y que a pesar de ello no ha logrado frenarlo: “Que se pregunte por qué después de seis años de guerra sucia estamos a días de poder votar”. Y añadió que “en España no vivimos en una democracia tal y como la entendemos nosotros. Se está haciendo una querella general, cualquier persona que piense en colaborar ya está advertido por el Estado. Nosotros hacemos política. Los golpes de estado no se hacen con urnas. Estamos cumpliendo lo que dijimos. Se han pasado toda la legislatura acusándonos de que no lo haríamos. Ahora les entra el temblor de piernas porque ven que lo estamos cumpliendo. Y responderemos con gente en las calles a sus tsunamis de querellas”.
