De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), San Luis Potosí se encuentra en el nivel más alto del semáforo que evalúa la reforma constitucional y de la Ley del Sistema Local Anticorrupción y su implementación, la cual se impulsó desde el arranque de la actual administración estatal.
En el estudio Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción que encabeza este organismo, pone a San Luis dentro de la categoría de Reforma Constitucional Satisfactoria, que representa la calificación más alta de esta evaluación.
Conforme a los diez criterios que establece, refiere que en la entidad cumplió el cien por ciento en el establecimiento de un Sistema Local Anticorrupción, así como en un Comité Coordinador y uno similar de Participación Ciudadana.
Dentro de la misma evaluación, San Luis cuenta con la máxima calificación en la incorporación de un nuevo régimen de responsabilidades, graves y no graves; así como en establecer la obligación de presentar las declaraciones de interés, patrimonial y fiscal; además en la creación de una fiscalía especializada en el combate contra la corrupción y establece un Tribunal de lo Administrativo de manera integral.
IMCO revela que en la entidad potosina se avanza en temas como es la Redefinición de las atribuciones y facultades del Órgano de Fiscalización Superior y en definir el régimen de la Procuraduría de Justicia del Estado El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se creó con la reforma constitucional de 2015, el cual compone los órganos federales y los 32 Sistemas Locales Anticorrupción (SLA).
Estos respetan el modelo federal de distribución de competencias y deben de contar con una estructura y facultades equivalentes al del SNA que tendrá las mismas funciones y facultades.
Por ello, IMCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex diseñaron la Ley Modelo para los SLA, con esta ley se asegura que el marco normativo de todas las entidades federativas conserven el espíritu, además de ser equivalentes al Sistema Nacional Anticorrupción.
