Sergio Ocampo Arista, corresponsal
Chilpancingo. El secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, ratificó que no existen condiciones para el retorno de familias desplazadas por la violencia, en los municipios de Copalillo, y Leonardo Bravo.
Entrevistado en esta capital, rechazó las declaraciones que hiciera el gobernador Héctor Astudillo Flores, en el sentido de que para el 24 de diciembre los desplazados que se ubican en la cabecera municipal de Chichihualco podrían retornar a sus localidades: “eso no es cierto, ya que los desplazados han mantenido una postura muy clara de no aceptar retornar a sus comunidades mientras permanezcan ahí los presuntos policías comunitarios de Heliodoro Castillo”.
Recalcó que los desplazados plantean “el desarme y el repliegue de estos grupos de supuestos policías comunitarios, que provienen de otros municipios, y por eso la primera condición que plantean los ciudadanos es su desarme, y de inmediato instalar un perímetro de seguridad que garantice la no incursión de esos civiles armados”.
“No sabemos si el gobernador tenía algo preparado, para que hubiera dicho que para el 24 de diciembre los desplazados estarían regresando a su localidades. Eso es mentira, nosotros tenemos la interlocución con la Secretaría de Gobernación”, precisó.
Anunció Olivares Hernández que es muy probable que “para la primera quincena de enero, exista una estrategia para garantizar la seguridad pública para todas las comunidades, no solo las de la sierra”.
Expresó que se detectaron en Guerrero, cinco polígonos de alto riesgo, donde se pretende implementar una estrategia de seguridad a nivel nacional: “la Costa Grande, Acapulco, la región de la Sierra, Chilpancingo y Chilapa, y se demanda que la estrategia de seguridad contemple a todos”.
Advirtió que “hay preocupación de que la seguridad haya quedado bajo el mando de los militares, y no es posible que los militares sean los que dirijan las estrategias de seguridad pública, que debe estar en manos de autoridades civiles”.
Insistió que “no es posible que tantas exigencias, y las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), que tienen que ver con militares, no sean tomadas en cuenta, y se insista en militarizar la seguridad pública”.
