Angélica Campillo
Integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) denunciaron que la designación tanto del fiscal general como de la auditora superior del estado fue una imposición y se trató de un acuerdo con la clase política.
Hugo Stevens Amaro, vocero del FCA, aseveró que los procedimientos que se utilizaron en la elección de Federico Garza Herrera y Rocío Elizabeth Cervantes, como fiscal general y auditora superior del estado respectivamente, equivalen a una imposición y reagrupamiento de la clase política porque en uno de los cargos la votación fue unánime y en el otro sólo un diputado votó por una opción diferente, situación que resultó increíble ya que algunos de izquierda habían manifestado que votarían por otra opción, “pero todos se alinearon, no sabemos a cambio de qué, y no dan paso sin huarache”.
Señaló que la postura del FCA es que quienes integran el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, que son los fiscales y el auditor, deben tener autonomía e imparcialidad, por lo que deben ser independientes del Poder Ejecutivo y del Legislativo.
Sin embargo, aseveró que de origen está viciado el proceso ya que el gobierno del estado fue el encargado de presentar la terna para el cargo de fiscal general, imponiendo a Federico Garza, al lado de otras dos personas que no eran competitivas ante el procurador, por lo que se trató de una simulación que atenta contra los principios del Sistema Estatal Anticorrupción.
Stevens Amaro manifestó que el Poder Ejecutivo no tomó en cuenta los exhortos de la sociedad civil para las propuestas del fiscal general, “lo ignoró y no quiso correr el riesgo y mejor pensó en una manera de protección personal o de grupo y se fue por el esquema del fiscal carnal”.
En relación a la elección de Rocío Elizabeth como auditora, refirió que es una pena que el proceso de selección que llevó a cabo la Comisión de Vigilancia haya sido una farsa, y fue una falta de respeto a todos los participantes porque había mejores perfiles entre los que desecharon que en los que se presentaron en la terna final, por lo que consideró que el acuerdo ya venía desde el Poder Ejecutivo, “se vio muy mal el Congreso, pero pensamos que son acuerdos entre la clase política, totalmente a espaldas de la población. Lamentamos mucho que en complicidad optaron por un esquema que sabotea el Sistema Anticorrupción, que nació muerto”.
Finalmente, comentó que todavía están analizando si conviene impugnar los procesos de elección del fiscal general y de la auditora superior del estado, pero indicó que la próxima semana quedará definido.
