María Elena Yrízar Arias
En la elección del domingo 6 de junio pasado para la gubernatura del estado de San Luis Potosí, los resultados fueron los siguientes: 458 mil 82 votos a favor de José Ricardo Gallardo Cardona, candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, lo que lo convirtió en el ganador de la contienda electoral, obteniendo alrededor de 58 mil 120 votos arriba del segundo lugar que le correspondió al abanderado de la coalición “Sí por San Luis” del PRI, PAN, PRD y PCP, Octavio Pedroza Gaitán, quien obtuvo un total de 400 mil 273 votos. Consecuentemente, el Ceepac entregó el domingo 13 de junio pasado la constancia de mayoría, mediante la cual consta que fue Gallardo Cardona el ganador de las elecciones del 6 de junio.
La parte perdedora no aceptó los resultados de la elección, por ese motivo, promovió un juicio de nulidad electoral, el viernes 19 de junio pasado, donde reclamó la nulidad de la elección a gobernador del estado de San Luis Potosí. La solicitud de impugnación se presentó ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el cual lo suscribieron los presidentes de los partidos políticos de la coalición “Sí por San Luis”. Ese mismo día, igualmente se presentó ante la misma autoridad electoral la demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, interpuesta por Octavio Pedroza, ex candidato a la gubernatura.
Los dos asuntos planteados se acumularon con el número TESLP/JNF/29/2021, para ser estudiados y resueltos en su oportunidad. Así que, resulta que el viernes 30 de julio, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, en su resolución de las inconformidades planteadas, decidió la ratificación de la validez de la constancia de mayoría emitida por el Ceepac. Asimismo, en esa resolución dictada por unanimidad, los magistrados acordaron que salvo la anulación de la votación en 31 casillas, declararon infundados los agravios de los partidos y su abanderado.
Ayer, por la mañana, en los estrados del Tribunal Electoral del Estado, se notifica que el martes 3 del presente mes, a las 22:11 horas, recibió en la oficialía de partes, la demanda de “juicio de nulidad”, promovida por los representantes de los partidos políticos que forman la coalición “Sí por San Luis”.
Ahora bien, las nuevas demandas de nulidad e impugnación deberán ser remitidas a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, para que a su vez sean estudiadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para dictaminar en definitiva la resolución a este asunto en el pleno, integrado por siete magistrados expertos en la materia. Dicha resolución deberá de ser dictada lo más pronto posible y, desde luego, antes de la fecha de la toma de protesta del gobernador electo del estado, Ricardo Gallardo.
Esta resolución es el último recurso para resolver este asunto. Independientemente de lo anterior, es cierto que los partidos de la coalición, que promueven el recurso de revocación, están en su derecho, pero, sería muy difícil que el Tribunal de Alzada en materia electoral, dictara una resolución adversa a las anteriores que dictaron tanto el Ceepac como el Tribunal Estatal Electoral. Desde luego que habría que esperar. ¿Por qué sería muy difícil? Bueno, en primer lugar Gallardo ha sido legitimado en su elección hasta por el presidente de la república AMLO, que además de decirlo públicamente en sus conferencias mañaneras, ya sostuvieron un encuentro formal en Palacio Nacional. Además, todos los actos preparativos para la entrega-recepción del actual gobierno con el anterior, ya están en marcha, el gobernador electo está haciendo recorridos por las diversas regiones del estado, se entrevista con empresarios, con líderes, maestros, con políticos y personajes distinguidos, en el ejercicio previo al trabajo que habrá de desarrollar en pocos días más. En segundo término, si llegara a dictarse una resolución adversa a Gallardo, esto podría generar un conflicto político, el cual no tenemos ninguna necesidad que ocurra, y en tercer lugar, lo que cuenta en una elección son los votos y aquí, ya los contaron, ya ganó Gallardo y no deberá haber reversa.
Volver a impugnar no es más que el ejercicio del derecho de patada de ahogado que tienen los que no ganan, pero así es nuestra democracia. Lo bueno de esto es que la resolución dará fin a este problema. Mientras tanto, el gobernador electo ni suda ni se abochorna, sabe perfectamente que la resolución posiblemente lo favorezca, por simple lógica. Él ganó y ahora será el gobernador de San Luis Potosí, ante el asombro de la clase política caduca.
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