Fernando Camacho Servín
Ciudad de México. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que entregue una versión pública del contrato para la adquisición del sistema de espionaje telefónico conocido como Pegasus, así como el número de personas que trabajen en su operación y el salario que perciben.
En la sesión del Pleno del organismo, la comisionada Areli Cano Guadiana indicó que un particular solicitó información diversa sobre el mencionado sistema de intervención telefónica, en el cual tres agencias gubernamentales han gastado casi 80 millones de dólares desde 2011, según revelaron medios internacionales a mediados del año pasado.
Al responder a la petición, el sujeto obligado clasificó todos los rubros solicitados, excepto el de los contratos para adquirir los equipos, aunque respondió que en ese sentido tenía “cero registros”.
El particular se inconformó con la respuesta de la PGR e interpuso un recurso de revisión, pero en la fase de alegatos, la institución de seguridad reiteró el sentido de su contestación.
Luego de analizar el tema, la comisionada Cano consideró que dar a conocer alguna información sobre el tema del programa Pegasus podría afectar las investigaciones de la PGR en ciertos temas en particular, pero consideró que divulgar el contrato para la adquisición de dicho software no vulnera la seguridad nacional, así como tampoco lo hace el dato numérico de cuántas personas lo operan y cuánto reciben como salario.
Por unanimidad, los siete comisionados del INAI estuvieron de acuerdo en pedirle a la PGR que modificara el sentido de su respuesta y entregara la versión pública del contrato y los datos sobre el personal que trabaja con Pegasus.
En la misma sesión –a propuesta de los comisionados Ximena Puente de la Mora y Joel Salas Suárez, respectivamente–, el organismo de transparencia acordó solicitarle a la PGR que divulgue el número de denuncias por tortura, entre 2066 y el 23 de octubre de 2017, y que entregue los nombres de los criminales considerados “objetivos prioritarios” que han sido capturados o abatidos, así como el cártel al que pertenecían y sus alias.
