Ciudad de México. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar la documentación escrita y audiovisual levantanda la noche del 26 de septiembre de 2014 que un militar adscrito al 27 Batallón de Infantería -establecido en Iguala, Guerrero- entregó a sus superiores jerárquicos. Esa noche se registró la desaparición de los 43 estudianrtes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Durante la sesión pública del INAI, señaló que de acuerdo a las versiones públicas que hay ya de la documentación vinculada a los hechos violentos de Iguala, “se desprende que el militar en calidad de testigo declaró que sí tomó fotografías de lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014 para demostrar a su superior jerárquico que cumplió con el trabajo de verificar la presencia de un autobús con estudiantes en la Carretera Iguala-Chilpancingo y la presencia de estudiantes en el hospital Cristina”.
Sin embargo, el comisionado Joel Salas, ponente en el recurso de acceso a la información presentado por un particular, la Sedena declaró inexistente tal información, a pesar de que entregó un disco compacto que contenía solamente cuatro fotografías que fueron tomadas por el militar. Salas señaló que este militar declaró en el proceso seguido por la desaparición de los jóvenes en calidad de testigo, por ello, el comisionado se estima que no se valida la respuesta de la Sedena acerca de la inexistencia de la documentación requerida.
“El caso Ayotzinapa es representativo, porque ha demostrado que la sociedad ya no está dispuesta a dejar en manos de las autoridades la reconstrucción de la verdad, ni a olvidar. Un conjunto de actores de la sociedad civil, las propias víctimas, asociaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, organismos internacionales, entre otros, han contribuido a mejorar las investigaciones oficiales. Un ejemplo es el tema que interesa a la hoy recurrente.”
Salas recordó la imposibilidad que tuvo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para colaborar con el gobierno federal, de entrevistarse con intergrantes del ejército mexicano vinculados a la desaparición de normalistas. Las autoridades han explicado los argumentos jurídicos que justifican esta decisión. No obstante, pueden ser reforzadas mediante la Transparencia.
Sin embargo, consideró pertinente que a partir una mayor transparencia de su desempeño aquella noche, el Ejército puede demostrar que “no se relaciona con las violaciones graves a Derechos Humanos en este caso, es atendiendo las demandas de información puntualmente y garantizando que en todo momento se actúa conforme a lo dispuesto en la legislación de la materia”.
