Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal
Morelia, Mich. Dirigentes indígenas se pronunciaron en contra de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, porque existe el riesgo de criminalizar la protesta social. “La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y está a la espera de que ocurra lo mismo en la Cámara de Senadores; no faculta al Ejército para intervenir en manifestaciones sociales o políticas, pero la amenaza es latente porque se abrirían las puertas para la militarización”, afirmó el asesor del Concejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Guzmán.
El Concejo Supremo está integrando por autoridades comunales purépechas, nahuas y mazahuas de pueblos como Caltzontzin, San Felipe de los Herreros, Cocucho, Zirahuén, Pichátaro, Apo del Rosario, Santa Fe de la Laguna, Huecorio, San Ángel Zurumucapio, Zopoco, Carapan, Pamatácuaro, Sicuicho, Cuanajo, Sevina, Urapicho, Corupo, Pichátaro, Santa Fe de la Laguna, Uruapicho, Ostula, Naranja de Tapía, entre otros, que anunciaron se movilizarán la próxima semana.
Pavel Guzmán dijo que la propuesta viola el derecho que tienen las comunidades indígenas a la consulta libre, previa e informada, sobre cualquier política pública que los afecta, y viola el artículo 30 de la declaración de la ONU sobre derechos indígenas que manifiesta: “Los estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”. Eso significa que para que el Ejército pueda entrar a las comunidades deben consultar a los pueblos, pero no lo han hecho; incluso, aunque no hayan aprobado alguna ley, han colocado retenes donde quiera, dijo el dirigente purépecha.
“También es contrario al artículo 21 de la Constitución Mexicana que señala que la seguridad pública es responsabilidad exclusiva de las fuerzas civiles. Manifestamos rechazo (a la ley), porque es violatoria de derechos constitucionales, pues pretende militarizar al país”.
En tanto, el dirigente del Movimiento Indígena de Michoacán, Abundio Marcos Prado, afirmó que la mayoría de los pueblos indígenas de esta entidad están inconformes con esta ley porque violenta normas nacionales e internacionales, que ponen en riesgo sus derechos que de por sí han sido violentados por los gobiernos.
“Es un retroceso que persigue fines distintos a los de seguridad, porque ha quedado demostrado que aún con la participación de militares en materia de seguridad, la delincuencia sigue creciendo”, indicó Marcos Prado.
