Vicente Juárez, corresponsal
San Luis Potosí, SLP. Consejeros nacionales indígenas representantes de San Luis Potosí ante el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas denunciaron en una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la exclusión de facto de 246 comunidades del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el proceso de consulta sobre la propuesta normativa federal, lo que afecta a 98,911 hablantes de lengua indígena mayores de tres años.
En el documento, los representantes señalaron que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha impuesto fechas, metodologías y convocatorias sin firma ni responsable visible, limitándose a repartir cuadernillos sin una adecuada exposición y traducción cultural de los alcances del documento.
Entre las principales anomalías, los firmantes destacaron que mediante el acuerdo del 22 de julio de 2026 el gobierno federal fijó de manera arbitraria las sedes para la población Tének y Huasteca en Ciudad Valles y Tamazunchale, dejando fuera a más de 11 municipios y contraviniendo la minuta firmada el 10 de julio, en la cual se acordó que la sede idónea sería Tancanhuitz.
Detallaron que Ciudad Valles aglutinaría 54.24 por ciento de las comunidades del estado, Tamazunchale 40.40 por ciento y Santa María Acapulco 5.16 por ciento, mientras que las comunidades radicadas en la capital quedaron sin sede.
Asimismo, repudiaron la figura de las “asambleas regionales”, al argumentar que no están contempladas en sus sistemas normativos ni en el artículo 2 constitucional, y afirmaron que su máxima autoridad deliberativa es la asamblea general comunitaria.
Denunciaron también actos de estigmatización y criminalización contra consejeros y autoridades comunitarias debido a su oposición al uso político de programas sociales, al proyecto de acueducto Pánuco–Cerro Prieto y a la explotación de hidrocarburos mediante fracking, así como el uso de la emisora XEANT “La Voz de las Huastecas” para la difusión oficial.
Los representantes manifestaron su rechazo absoluto a la propuesta normativa por considerar que presenta inviabilidad técnica y un carácter regresivo. Señalaron que el documento consta de 453 artículos y 11 transitorios que agrupan más de 30 materias heterogéneas, lo que genera confusión jurídica.
Asimismo, criticaron que se condicione la personalidad jurídica a dictámenes del INPI o de la Secretaría de Gobernación (Segob), que se sustituya el término “territorio” por “lugares” o “derecho preferente”, y que se mantenga la figura de la “utilidad pública” frente a los derechos territoriales.
Ante esta situación, exigieron el retiro inmediato del documento de trabajo, la nulidad del proceso de consulta instrumentado mediante asambleas regionales, la reconstrucción del proceso participativo con base en las asambleas generales comunitarias y el respeto a la sede en Tancanhuitz.
Asimismo, demandaron la instalación de una mesa de trabajo presencial entre los pueblos, la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el INPI, la suspensión del uso desinformativo de medios públicos, el cese del condicionamiento de programas sociales y una auditoría a la gestión de los funcionarios locales del INPI y de la Secretaría de Bienestar en el estado.
La carta fue firmada por Angelina Reyes Hernández y Hermelinda Vázquez Bautista, representantes nahuas; Cenorina Bernal Fernández y Marcos Alejo Torres, representantes tének; y señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones la comunidad La Garza, en el municipio de Tancanhuitz, autorizando para tales efectos a Rafael Reyes Martínez.
