Fabiola Martínez
Para justificar la instalación de videocámaras, torniquetes, entre otras medidas de seguridad, la dirección ejecutiva de Administración (DEA) del Instituto Nacional Electoral (INE) señala que debe elevar el nivel de operación del órgano al de otras dependencias como la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Argumentó además que las condiciones antiguas “han llevado a que la historia reciente del Instituto muestre un patrón documentado de un mayor número de amenazas y agresiones – heterogéneas en motivación y modus operandi- que confirman la necesidad de fortalecer las capacidades de seguridad de la institución”.
Al referirse a los controles peatonales y vehiculares, dijo que se les colaban personas no autorizadas que podían andar libremente en todas las instalaciones.
“Una vez que ingresan los visitantes y proveedores a las sedes del INE ha sido muy complejo el seguimiento de estos, por lo que se reciben quejas constantes de empleados y funcionarios que sus actividades se han visto interrumpidas por personas no autorizadas en sus áreas, puesto que una vez dentro del inmueble tienen la facilidad de transitar por todas las instalaciones”, se lee.
Asimismo, advirtió que en las concentraciones masivas, por ejemplo para el registro de candidatos, el personal interno debe hacerse cargo de controlar a miles de personas.
Actualmente hay 209 cámaras pero se desconoce el nivel de incremento de aparatos de nueva tecnología y el costo del proyecto; como se informó desde la semana pasada, el Comité de Transparencia del INE decidió reservar todos los detalles del contrato, bajo el argumento de que este órgano tiene responsabilidades clasificadas como de seguridad nacional.
En el texto no se ofrece una respuesta sobre lo divulgado el viernes pasado, respecto a considerar la sala de prensa como área común y, por tanto, colocar cámaras incluso arriba de las computadoras utilizadas por los reporteros de distintos medios de comunicación que acuden de manera cotidiana al INE.
En el documento, a desglosar hoy en la mesa semanal de consejerías, la DEA indica que el plan se aplicará en 40 inmuebles del INE y se incluirá el fortalecimiento del centro de monitoreo, para ampliar su capacidad de almacenamiento de imágenes tomadas con videocámaras.
Lo anterior – se afirma en el reporte de los funcionarios administrativos- porque ese centro “funcionaba principalmente como un testigo posterior de eventos, y no como un instrumento preventivo, disuasivo o de apoyo activo a la toma de decisiones”.
Sostiene que el plan de instalación de cámaras y otros dispositivos de ingreso a los inmuebles tiene como fin salvaguardar la integridad y seguridad de las personas servidoras públicas y visitantes.
El objetivo, como se indicó, es llevar al INE a una protección integral como otras instancias públicas de relevancia, incluidas también “distintas secretarías de Estado y las sedes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”.
La “solución integral de seguridad y gestión operativa para un centro de monitoreo y seguridad” incluye videovigilancia, control de accesos peatonales y vehiculares, sensorización ambiental (detección de humo o sobrecalentamiento de espacios) y gestión de incidentes.
Las oficinas consideradas para este proyecto son las ubicadas en Tlalpan, Tláhuac, Corporativo Corum, Corporativo Zafiro, Insurgentes, Corporativo Quantum, Moneda y el Centro de Cómputo y Resguardo Documental, así como en las 32 juntas locales ejecutivas.
En la justificación se lee que el INE tenía sus cámaras (con tecnología limitada, sin posibilidad de “habilitar algún tipo de registro biométrico” o a detalle).
En las oficinas centrales operaban 97, mientras que las estatales y algunas ubicadas en la Ciudad de México carecían de sistema de videovigilancia.
El centro de monitoreo – en el inmueble donde están los consejeros nacionales- tenía siete pantallas y siete servidores independientes entre sí, con equipos no aptos para operación permanente.
Sostuvo que “no se contempla la instalación de videocámaras al interior de ninguna oficina” de consejeros o representaciones de partidos, y aseguró que no se grabarán audios y se garantizará la privacidad de las personas.
