La Redacción
La oficina de propaganda internacional de Israel enfrenta demandas por millones de dólares de activistas, influencers y compañías mediáticas que aseguran haber trabajado sin recibir pago en campañas destinadas a defender y blanquear la narrativa israelí tras el inicio de la guerra contra la franja de Gaza en octubre de 2023, informó Middle East Eye.
De acuerdo con el diario económico israelí Calcalist, empresas privadas y promotores digitales que participaron en la llamada Hasbará —la estrategia oficial de diplomacia pública israelí— reclaman pagos por servicios prestados durante los primeros meses del conflicto, en los primeros meses del genocidio de Israel en Gaza, que siguió al ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de ese año.
Entre los demandantes figuran dos compañías que elaboraron estudios y organizaron acciones de activismo en Europa para funcionarios israelíes. En conjunto exigen cerca de dos millones de shekels (unos 650 mil dólares). Una de ellas incluso instaló un estudio exclusivo para entrevistas del primer ministro y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, y del entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Otra empresa, Intellect, reclama más de 1.5 millones de shekels a la oficina del primer ministro. Según el informe, la firma financió vuelos a La Haya para activistas que buscaban contrarrestar manifestaciones pro-palestinas durante audiencias judiciales relacionadas con el conflicto.
El ex vocero gubernamental, Eylon Levy, figura mediática británico-israelí, reconoció que también se le adeudan pagos, aunque dijo haberse cansado de intentar cobrarlos y decidió no sumarse a la demanda, un portavoz de Levy confirmó esto a Middle East Eye. A pesar de que ya no trabaja oficialmente para Israel, el influencer, quien estudió en la University College School (UCS) de Londres y en la Universidad de Oxford, ha continuado su labor de hasbará hasta la fecha.
Propaganda israelí que vale millones
Según el informe de Calcalist, después del 7 de octubre se contrataron a decenas de activistas y contratistas independientes de hasbara, ya que la dirección carecía de personal.
Algunos activistas e influencers no eran empleados formalmente del Estado, sino de contratistas privados. “Así, las productoras privadas se convirtieron en un canal de pago para quienes representaban a Israel en el extranjero”, señala el documento. Los contratistas que trabajaban con la dirección afirmaron que “el trabajo siempre era caótico”.
En junio de 2024, se reveló que el ministro de Asuntos de la Diáspora israelí, Amichai Chikli, lideró una campaña de hasbará dirigida a los campus universitarios estadunidenses y buscó redefinir el antisemitismo en la legislación estadunidense.
En septiembre pasado, Israel aprobó un presupuesto adicional de 150 millones de shekels (49 millones de dólares) para iniciativas de hasbará en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se sumó a un presupuesto ya existente de 520 millones de shekels (170 millones de dólares).
Los fondos adicionales se retiraron del presupuesto para la educación superior. Ese mismo mes, el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por Gideon Saar, creó una nueva dirección de diplomacia pública, que se esperaba empleara a blogueros e influencers de redes sociales, ya que se consideraba que los esfuerzos de hasbará en Israel eran un fracaso.
La oficina de Netanyahu admitió que hubo “irregularidades en las prácticas de contratación”, mientras se continúa destinando cientos de millones de shekels a campañas internacionales para contrarrestar y blanquear las acusaciones de crímenes de guerra y genocidio derivadas del constante ataque en el enclave palestino
Las demandas de contratistas y activistas abren ahora un frente incómodo para Israel: cuestionan no sólo la gestión de su aparato de propaganda internacional, sino también el uso de recursos públicos destinados a sostener una narrativa global en torno a la guerra contra Gaza.
