Seis funcionarios que durante la administación de Fernando Toranzo Fernández participaron en la contratación de desayunos escolares a precios inflados enfrentan un procedimiento administrativo que podría concluir con la inhabilitación por diez años y multas que en conjunto sumarían más de 200 millones de pesos.
Además del sobreprecio, los desayunos habrían sido adquiridos por el DIF estatal a una empresa de nombre Jaze, originaria del estado de Puebla, que se encontraba inhabilitada.
Gabriel Rosillo, titular de la Contraloría General del Estado explicó que dos ex funcionarios promovieron juicios de amparo.
