Arturo Sánches y Emir Olivares
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este martes sobre la inhabilitación de las empresas Once Cero Nueve 92, S.A. de C.V., Quality Roads de México, S.A. de C.V. y Sofman, S.A. de C.V., luego de que se detectaron irregularidades en procesos de adjudicación de obra pública.
Como resultado de esta medida, dichas compañías quedan impedidas para participar en cualquier procedimiento de contratación o para celebrar contratos con la administración pública federal, ya sea de manera directa o a través de intermediarios, de acuerdo con documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En lo que respecta a las firmas Once Cero Nueve 92 y Quality Roads de México, la dependencia federal impuso a cada una una multa económica de 977 mil 130 pesos, además de una inhabilitación por un periodo de un año y seis meses. Estas sanciones derivan de haber proporcionado información falsa contenida en pólizas de fianza para la formalización de contratos adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). Los proyectos involucrados incluían el equipamiento electromecánico de pozos profundos y líneas de conducción de agua potable en las localidades de Tepexpan y San Miguel Jaltocan, en los municipios de Acolman y Nextlalpan, respectivamente.
Por su parte, la empresa Sofman, S.A. de C.V. recibió dos sanciones independientes debido a la reincidencia en la entrega de documentación apócrifa. A esta compañía se le aplicaron dos multas de 977 mil 130 pesos cada una, así como dos inhabilitaciones de un año y seis meses. La información falsa fue detectada en cuatro pólizas de fianza presentadas para contratos de rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en San Andrés Metla, municipio de Cocotitlán, y en el Ejido de Taborda, municipio de Temoaya, obras también gestionadas por la CAEM.
Las notificaciones a las empresas se realizaron el pasado 12 de enero y las resoluciones fueron publicadas este martes en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, las compañías han sido inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que bloquea su acceso a nuevas contrataciones gubernamentales. La Secretaría puntualizó que, aunque las empresas tienen derecho a impugnar, la institución defenderá la legalidad de las sanciones impuestas en protección del interés público y la integridad de las compras gubernamentales.
