Gustavo Castillo
La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) inhabilitó por un año al juez federal Fernando “A” por incurrir en “faltas graves” que “afectaron la administración de justicia”, en el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, metiendo resoluciones que favorecieron al político panista con las cuales se evitó su detención.
El organismo del TDJ señaló que resolvió la queja que “sustentó el procedimiento de responsabilidad” y que fue presentada por un diputado federal en abril de 2024 por actos y omisiones que afectaron la administración de justicia”.
Rufino H. León Tovar, Presidente de la Comisión de Disciplina señaló: “no se sancionó el criterio jurisdiccional del juzgador, sino la emisión de resoluciones en contravención del texto de la ley e ignorar constancias de los autos de carácter esencial”.
La resolución contempla la inhabilitación por un año de un juez federal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, al acreditarse irregularidades graves en el ejercicio de la función jurisdiccional.
“El procedimiento disciplinario tuvo origen en la queja presentada por un Diputado Federal ante el extinto Consejo de la Judicatura Federal, quien denunció falta de profesionalismo, notoria ineptitud y descuido en el desempeño del cargo y de las funciones jurisdiccionales del servidor público.
“Del análisis integral del expediente, la comisión determinó que el juez federal actuó con desvío de la legalidad al conceder una suspensión definitiva con efectos resolutivos y restitutorios en un juicio de amparo, a fin de que la autoridad de un municipio del norte del país expidiera una constancia de residencia, sin corroborar que el quejoso fuese habitante o vecino del lugar y cumpliera con los requisitos establecidos por el Código Municipal de la entidad federativa, bajo el argumento de que al promovente le era necesaria para acceder a los servicios de salud pública”.
De acuerdo con la información dada a conocer el juez desacató la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al otorgar “una suspensión provisional y posteriormente la definitiva, para que la persona quejosa no fuese separada del cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del mismo estado y además para que se paralizara la resolución de cualquier procedimiento administrativo en su contra”.
En otro juicio de amparo, el ahora sancionado, “concedió la suspensión al mismo quejoso en contra de la orden de aprehensión reclamada y para el efecto de que no le fueran suspendidos sus derechos político electorales y que no se le considerara como prófugo de la justicia”.
Con esos antecedentes la Comisión de Disciplina determinó que “las faltas acreditadas calificadas legalmente como graves no versan sobre un hecho aislado, sino sobre un conjunto de actuaciones ejecutadas de manera sistemática por el denunciado, que evidenciaron errores inexcusables en franco desacato a las normas que regían su actuación como impartidor de justicia y que tales desviaciones, impactaron decisiones jurisdiccionales de otros procedimientos, inclusive vinculados con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por ello, resolvió la imposición de la sanción de inhabilitación, dado que el juzgador implicado fue dado de baja en el mes de agosto de 2025”.
León Tovar, informó a través de un comunicado de prensa, que “estas conductas no pueden entenderse como diferencias interpretativas, ni como equivocaciones menores, sino como infracciones que lesionan directamente la confianza pública en el Poder Judicial y exigen consecuencias claras y proporcionales, reiterando que la legalidad es el límite de la función jurisdiccional y no habrá espacio para la impunidad ni privilegios de jerarquía cuando se transgreda la ley”.
