Jesús Aranda
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició la investigación para determinar la actuación de las instancias de procuración y administración de justicia en la emboscada en la que murieron militares el 30 de septiembre pasado en Culiacán, Sinaloa.
En un oficio en el que da cuenta sobre el inicio de la indagatoria, el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama López precisó que la Comisión “de ninguna manera se opone a que las personas que cometen delitos sean procesadas y sentenciadas atendiendo a la legislación aplicable”, pero es necesario “que la actuación de las fuerzas armadas y policiales, se lleve a cabo en estricto cumplimiento a la normatividad, los principios, los protocolos, parámetros nacionales e internacionales y que el uso de la fuerza legítima del Estado se encuentre sustentada en los criterios de proporcionalidad, oportunidad y razonabilidad”.
Las fuerzas armadas, en su labor de apoyo a las policías, “requieren de certeza jurídica”, lo que implica que operen bajo un marco legal que establezca las obligaciones y los derechos correspondientes, con total apego a los derechos humanos.
El documento en el que notificó al abogado César Gutiérrez Priego -quien presentó una demanda ante la Comisión para que investigue la violación a los derechos humanos de los soldados que murieron acribillados y los que resultaron heridos en una emboscada el 30 de septiembre pasado en Culiacán, Sin.,- afirma que se investigarán los delitos que se cometieron contra los militares por la agresión de que fueron objeto.
El funcionario de la Comisión indica que respecto a la “omisión” de diversas autoridades el día de los hechos, por la falta de coordinación y por la no atención oportuna al momento de conocer la agresión en contra de los elementos militares”, es materia de la investigación ministerial, en la que “se tendrán que determinar los tiempos de respuesta de las autoridades, la operatividad de las cámaras de video y de seguridad pública, y lo que ocurrió antes, durante y después de la agresión”.
Asimismo, estableció que si bien, ha habido necesidad de la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, “ésta tiene que ser transitoria en tanto las policías se profesionalicen y retomen completamente esta función de seguridad pública”, por lo que en la actuación que tengan militares y marinos en esta tarea, “desde luego debe haber certeza jurídica de sus labores en estricto apego a los derechos humanos”.
Además de expresar “sus condolencias y solidaridad con el personal militar que resultó herido, así como los familiares de quienes perdieron la vida en el cumplimento de su deber”, el funcionario solicitó a las instancias que conozcan de este caso, “que realicen una investigación pronta, objetiva e integral de los hechos”.
Que permita las víctimas de la agresión conocer la verdad y se les procure justicia.
“La agresión a los militares no debe quedar impune, debiendo investigarse y sancionarse los diversos ilícitos que se hubiesen cometido por las instancias encargadas de la administración y procuración de justicia, con todos los recursos y capacidades que la ley les permita”.
La CNDH, añade el texto, es consciente de la complejidad y relevancia de las tareas que de manera cotidiana llevan a cabo los mexicanos que integran nuestras fuerzas armadas para brindar seguridad, recuperar la tranquilidad y propiciar la convivencia pacífica en aquéllas regiones del país, “donde las autoridades civiles se han visto superadas por la violencia y el desarrollo de actividades delictivas”.
