Por José Antonio Román
México, DF. Lejos de los estándares internacionales recomendados, la iniciativa de ley contra la tortura enviada al Senado por el presidente Enrique Peña Nieto no representa ningún avance a las graves condiciones que enfrenta el país por este delito, afirma la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Para José Antonio Guevara, director de esta Comisión, la iniciativa presidencial se envió tarde y mal al Senado, además de que no se cumplieron los tiempos que el mismo Legislativo se dio para aprobarla.
Tras exponer un análisis minucioso de la iniciativa, el experto en derechos humanos señaló que el texto enviado por el presidente Peña Nieto regresa facultades a la Procuraduría General de la República (PGR), abre la posibilidad de que los torturadores sean beneficiados por alguna amnistía o indulto, y no investiga la cadena de mando, por lo que es previsible que “el carnaval de impunidad” continúe en el país.
Con las pocas y restringidas cifras oficiales que hay sobre el tema, asegura que en el país ni siquiera se investiga este delito, y mucho menos se castiga.
Datos obtenidos a través de solicitudes de Transparencia, revelan que entre diciembre de 2006 al mismo mes de 2014, la PGR tiene registradas 4 mil 404 denuncias por tortura, en los cuales en mil 200 de ellas están involucrados elementos militares.
Sin embargo, solo se tienen abiertas poco más de mil averiguaciones previas. Pero más grave aún es que sólo hay once consignaciones presentadas ante un juez.
Respecto a las sentencias, desde hace varios años el gobierno federal ha informado que hay cinco, pero ni siquiera hay certeza de este número, pues ninguna instancia gubernamental ha entregado información detalladas de estos casos, pese a las reiteradas peticiones de organismos de derechos humanos, nacionales y extranjeros.
